El 2022 es el año que tiene la presente administración federal para, verdaderamente, hacer políticas públicas encaminadas a empezar a establecer el famoso cambio prometido y que hasta ahora no se ha logrado.
Es probable que la reestructuración del gabinete de López Obrador no solo este en la Secretaria de Hacienda, sino tendrá que realizar cambios con el objetivo de que por lo menos en los próximos años se obtengan crecimientos superiores al 3 por ciento y que al final de su sexenio este sea el promedio de crecimiento económico del país.
Por el momento Rogelio Ramírez de la O, ayer ratificado por la cámara de diputados como el titular de la SHCP, anuncio que la estimación del crecimiento para el próximo año será del 3.6 por ciento, algo que posiblemente da cierta tranquilidad a López Obrador y a su partido Morena.
Sin embargo, para que se llegue a esta meta tendrá que haber una serie de cambios en las políticas públicas a favor de dar certidumbre a todos los sectores, principalmente a los inversionistas, y que los problemas que mantiene en el país serán enfrentados de la manera más tersa posible para evitar sobresaltos.
Ramírez de la O, se comprometió a mantener la política de cero incrementos a los impuestos existentes o la creación de algunos otros, a cambio de hacer una política fiscal más accesible para que todos tengan la facilidad de pagar sus impuestos.
Hasta este momento, las cosas parecieran ir en curso, el problema que enfrentará el gobierno federal y los estatales, es que ante la falta de una política económica publica que fortaleciera a los sectores productivos, se orientó un gasto en programas sociales, que solo sirvieron como paliativo para las personas que menos tiene, porque los recursos otorgados solos les duro uno o dos meses y esto orilló a mucha gente. que se quedó sin empleo, a buscar en la el comercio informal la manera de acercarse ingresos para el gasto familiar.
Si se estima que cerca de 12 millones de personas en el 2020, perdieron sus empleos se debe estimar también cuantas de estas personas se sumaron al comercio informal, y cuantas otras se sumaron a las filas de la delincuencia, lo que ofrece un panorama no tan agradable para dar certidumbre a los inversionistas.
Tan solo basta salir a las calles de cualquier entidad de la república y observar que los puestos comerciales informales siguen apareciendo día con día, repito, esto como la solución próxima de la gente para obtener recursos, pero en las finanzas públicas representan un boquete importante en la captación de impuestos.
Posiblemente, el gobierno federal este confiado en los oficios de la directora del SAT, Raquel Buenrostro, que ha obtenido ingresos importantes para el gobierno federal durante el 2020, y posiblemente repetirá la misma fórmula para captar ingresos, pero no serán en los mismos niveles, lo que se traducirá en que los recursos necesarios para ser inyectados en la continuación de sus grandes obras y en los programas sociales, de la presente administración disminuirán.
Entonces la única forma de captar recursos es invitar a los inversionistas a depositar sus capitales en México, pero para ello deberá dar certidumbre jurídica y social, para que estos se animen a establecer o ampliar sus empresas en el país
Aquí es donde el gobierno federal deberá establecer que la inseguridad en el país, tiene niveles bajos y que existe una apertura en todos los sectores a favor del desarrollo de las empresas para generar empleos, factores que hasta el momento no ha podido cumplir
Esperemos que López Obrador entre en razón y deje a un lado su política de ahorro y austeridad, que inicie la apertura de todos los sectores al capital privado, claro para leyes y normas bien establecidas y limitadas, y con ello empezar a crear un panorama de certidumbre para la inversión, generación de emperezas, empleos y por supuesto mejores salarios que en el corto plazo mejoren la calidad de vida de los mexicanos.