Número Cero/ Excélsior
Los candidatos cerraron el tercer y último debate presidencial con un llamado al voto entre amenazas de ir a la cárcel por acusaciones sobre tramas de corrupción, todas relacionadas con el ejercicio del poder o cargos públicos. El último recurso para convencer a los votantes descendió al nivel de la judicialización de la campaña y amagos poco creíbles de operaciones de manos limpias que quién sabe a cuántos pondrían tras las rejas, porque nadie espera que eso vaya a suceder. Pero es una respuesta fácil a la compleja problemática del hartazgo ciudadano con la clase política y un atisbo de populismo judicial que a pocos convence, mientras se extiende la violencia contra políticos y candidatos.
Advertir con llevar por la vía judicial los asuntos públicos, que podrían conducirse por otra ruta, generalmente política, deja un sabor de desazón de la campaña. En el fondo, refleja la ausencia de planteamientos claros, de visiones y narrativas sobre la forma de enfrentar graves problemas, como la corrupción y, sobre todo, la impunidad. De explicaciones y salidas institucionales, más allá del voluntarismo o la opción fácil de desenvainar la espada del corte de cabezas en la plaza pública para calmar el malestar social contra ellos. El llamado de todos a la cárcel no es el triunfo de la justicia, sino el arrinconamiento de la política. La cuestión de la corrupción en la política no es sólo un problema de conducta de candidatos, sino de las reglas de operación de un sistema que a todos pone en la ruta del dinero para ganar elecciones.
El más incisivo con la tentativa de judicializar la elección es Ricardo Anaya, en su apuesta por captar la demanda de cambio y así disputar el voto “antiPRI y antisistema” como principal contendiente contra AMLO. Pero, en su estrategia, quemó muy temprano la carga de profundidad de apuntar al Presidente por los escándalos de corrupción “inmaculados” para el brazo de la justicia, como Odebrecht o la Estafa Maestra. Y, sobre todo, porque desde un principio estuvo ligada a la defensa reactiva de las acusaciones que lo vinculaban indirectamente con una trama de lavado de dinero para financiar su campaña. Así lo dijo otra vez al querer explicar los ataques en su contra por reclamar una fiscalía autónoma e independiente que investigue a Peña Nieto, la cual está detenida en el Congreso por falta de respaldo de más de un partido, aparte del rechazo del PRI.
La denuncia está en la PGR hace cuatro meses sin que la Fiscalía proceda con la investigación contra Anaya, aunque la “guerra sucia” mediática que alimenta se recrudeció la última semana con otra entrega del videoescándalo de Barreiro. En un país que confía poco en la justicia, la apelación a los tribunales es el último recurso electoral para descontar políticamente al adversario, como intentó el senador panista Ernesto Cordero con su denuncia del caso Barreiro o para contrarrestar ataques, como el equipo de Anaya contra Meade por complicidad en el caso Odebrecht, o contra AMLO por financiamiento ilícito por donaciones de gobiernos municipales a su campaña.
Al final, la percepción que deja la judicialización de la campaña es que la corrupción iguala a la clase política y emplaza al vencedor en las urnas a tomar el asunto en serio, más allá del “borrón y cuenta nueva” con que el líder en las encuestas promete atacarla, sin caer en un pacto de impunidad para vencer resistencias a su probable triunfo. Si algún beneficio tiene recurrir a la amenaza de la cárcel para hacer campaña, éste es reducir el espacio de inacción al próximo gobierno con un problema que, en eso sí todos coinciden, detiene la marcha del país. Pero también porque nunca, como en esta campaña, la clase política se sabe objetivo de la violencia con más de 113 políticos asesinados, aunque, lamentablemente, ningún candidato condenará la acción del crimen contra la soberanía popular como el mayor reto que enfrenta la democracia, mientras ellos se denuncian con ir a la cárcel.