A fin de proteger y defender los derechos humanos de los connacionales que residen en el extranjero ante a cualquier cambio que ocurra en otras naciones y afecte a las comunidades mexicanas, senadores de la República coincidieron en señalar en que es prioritario que México tenga una verdadera política de Estado en esa materia, donde converjan todos los sectores gubernamentales, y no se dependa de acciones “itinerantes y disímbolas entre los diferentes niveles de gobierno”.
La legisladora priista, Cristina Díaz Salazar presentó dos iniciativas: una, para reconocer, en el artículo 4 de la Constitución, el derecho que tiene toda personas a decidir el cambio de su residencia fuera del territorio nacional y, la segunda, para expedir la Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno.
Ella refirió que son alrededor de 12 millones de mexicanos quienes viven en el extranjero y que nuestro país debe estar preparado para enfrentarse a cualquier cambio que pueda afectar los intereses de los mexicanos.
En la iniciativa para expedir legislación secundaria, la senadora Cristina Díaz propuso crear un Consejo que coordine las medidas para la protección de los mexicanos en el exterior y su retorno entre tres niveles de gobierno, asociaciones no gubernamentales y el sector empresarial a nivel nacional.
También planteó que el Consejo oriente sus políticas a crear incentivos de carácter aduanero, tributario, financiero, laboral, sanitario, educativo y de vivienda para promover su regreso. “No olvidemos que tenemos un compromiso pendiente con los migrantes”, expresó.
Destacar que se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos, Primera. Y la propuesta para expedir la nueva Ley se envió a las comisiones de Gobernación, Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos, Primera. Ambos proyectos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.