NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La violencia política en las campañas ha sido tan extensa como el tamaño de la elección más grande en la historia del país. Su presencia alcanzó a la mayoría de los 15 estados que cambiarán de gobierno y a varias regiones con comicios municipales. La mancha de sangre es uno de los mayores riesgos para el abstencionismo en las urnas porque erosiona las ventajas de la democracia si no está garantizada la lucha pacífica por el poder, aunque la ciudadanía acuda a votar en paz.
Si algo permitió la democratización de las últimas tres décadas fue converger en el objetivo del cambio pacífico en todos los cargos populares. El consenso de 8 reformas electorales se asentó en esa premisa hasta el punto de que el significado de la democracia se recortó a elecciones equitativas y pacíficas. Las leyes para asegurar el voto libre y la compleja estructura electoral se edificaron con ese propósito. Por ello, nada va en dirección más opuesta a la civilidad de las urnas que la pelea sin cuartel ni reglas de grupos políticos o al gatillo del crimen. Las amenazas de la candidata de Morena en Metepec o el crimen al del PVEM en Puerto Morelos, desde su entorno político, son sólo 2 ejemplos de que las fuentes de amenaza no vienen sólo de poderes informales.
La violencia política no es nueva en el país, por el contrario, acompañó a la creación del sistema de partidos y la apertura democrática. La izquierda documentó, desde julio de 1988, en la elección en que se “cayó el sistema”, hasta inicios del siglo XXI, unos 700 militantes asesinados. Desde la alternancia en la Presidencia en el 2000 va en aumento, en paralelo con la inseguridad y la presencia del crimen organizado, pero es un error, interesado o no, recurrir al recurso frecuente de echar estos crímenes a la bolsa del narco para no investigarse, castigar ni identificar sus fuentes. De 35 candidatos caídos en esta elección, 75% eran opositores a sus gobiernos municipales o estatales, lo que recuerda la impunidad de caciques y poderes locales sobre las contiendas democráticas.
A pesar de ello, el Presidente dice que hay condiciones para votar en todo el país y que la violencia se magnifica con “amarillismo” porque la inseguridad la enfrentamos a diario sin dejar de haber paz. La promesa de pacificación, en efecto, parece arrumbada en frases retóricas como “abrazos, no balazos” y gestos simbólicos que distraen de la inacción del gobierno. La realidad que se oculta es que la violencia política forma parte del orden social y de la incapacidad para evitar que la lucha por el poder se vuelva una guerra incivil entre facciones políticas a nivel local y regional. La erosión de las reglas del juego democrático convence a los rivales políticos a resolver la competencia con la eliminación del contrario o a ceder ante el crimen, como a las autoridades con el huachicol, explotación de minas o el control de los mercados ilegales. Especialmente grave en un país dividido y polarizado por un discurso que también se tiñe de violencia desde la Presidencia.
La impunidad y licencias al uso de la fuerza y el fuego del crimen para vetar o imponer candidatos se enmarca en la pérdida de confianza en la capacidad de la política para mantener el orden, y la tentación de los gobiernos de sentirse libres para actuar por su cuenta, incluso de dejar de sentirse forzados a respetar a sus adversarios. La intervención del Presidente en la contienda con ataques contra las autoridades electorales o sus adversarios, sin acatar la veda electoral, da cuenta de la creciente erosión de las ventajas de la democracia.
La violencia cierra caminos a la política y restan viabilidad a la democracia, aunque no se vean riesgos a la estabilidad del país. No es así. Los gobiernos locales y federal han sido omisos ante la violencia o simplemente carecen de capacidad para garantizar la integridad de los candidatos. También porque se trata de un cáncer mucho más agresivo si no proviene sólo de fuentes informales. Por eso es imprescindible que la FGR ejerza su capacidad de atracción de los casos y continúen las investigaciones tras la elección, para evitar que este riesgo alcance a la transmisión pacífica del poder en la Presidencia, en 2024.