Al asegurar que el gobierno de la 4T tiene la capacidad para enfrentar al crimen organizado y que siempre habrá tiempo para capturar a delincuentes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, insistió en que la estrategia de seguridad no se invalida con el operativo en Culiacán, pues los resultados son lentos pero positivos y que otro México es posible, por lo que para 2024 el gobierno actual entregará un país “con tranquilidad y en paz”.
“Puedo decir que un México seguro y en paz es posible. Ahora hay inseguridad y eso no es ninguna sorpresa, pero tenemos la confianza en el gobierno de López Obrador en que entregaremos en 2024 un país con tranquilidad y en paz”, dijo durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Al iniciar su rendición de cuentas en San Lázaro, el secretario detalló que, en el caso de Culiacán, lo que “pudo ser un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando la paz pública”.
Ante los reclamos de legisladores de Acción Nacional por el operativo de Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, y el funcionario federal, dijo que no se le detuvo ya que en México no existe orden de aprensión, aunque sí en otros países.
Destacar que la comparecencia de Durazo Montaño no fue tersa, ya que diputados del albiazul sacaron mantas, pancartas descalificando su trabajo, recordándole el número de personas que han sido ejecutadas en lo que va de gestión la 4T.
Mientras que legisladores del PRD, se paseaban dentro del salón de Plenos con playeras que decían: Fuchi, Guacala.
Por el PRI, el diputado Héctor Yunes Landa aseguró que la bancada a la que pertenece ha proporcionado al poder Ejecutivo “todas las herramientas que nos ha solicitado para cumplir con el compromiso de devolver la paz a las calles y la tranquilidad a los hogares”.
Sin embargo, dijo, “el propio presidente de la República se fijó a sí mismo el plazo de seis meses para mejorar las condiciones de seguridad del país. El plazo ya se cumplió, lo que no se ha cumplido es el compromiso”.
Frente a ello, estimó que “las concepciones contrarias, particularmente para combatir la inseguridad, esgrimidas por quienes ahora nos cuestionan acremente, han demostrado con creces su inutilidad en el terreno de los hechos. Nuestra actitud contrasta vivamente con los tiempos en los que la letalidad indiscriminada, el daño colateral y la falta de respeto a los derechos humanos eran moneda corriente”, agregó.
A los legisladores de oposición les reiteró “no defendemos intereses oscuros ni inconfesables, porque no nos mueve ni el cochupo y la componenda, sino el objetivo de pacificar al país y devolver a la sociedad la tranquilidad que anhela”.
Resaltó que se debe aceptar, sin afán de justificar y de manera autocrítica, cualquier error cometido. Sin embargo, en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias. “Un tropiezo táctico no invalida la estrategia en su totalidad”.
Aseguró que invariablemente se responderá con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad. Es nuestra obligación y compromiso indeclinable. “Siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen, e iremos por ellos sin dudarlo, para que paguen por sus fechorías. Pero la vida de la gente es insustituible”.
Aclaró que la estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar, ya probó sus límites y generó decepciones. No se registró un logro relevante durante los sexenios en los que se aplicó. “Sus simpatizantes se niegan a ver que la estrategia por operativos –ya utilizada– no dio resultados; tuvo siempre un carácter reactivo en respuesta a un hecho delictivo consumado”.
Agregó que no se pueden desestimar poderosos fines conservadores detrás de los llamados a utilizar la fuerza pública a la menor provocación. “Son ellos los que piensan que la fuerza lo resuelve todo y que si un problema social no se resuelve es porque no se le ha aplicado la suficiente fuerza”.
A quienes proponen el uso indiscriminado de la fuerza pública, refirió: “les decimos que son muy altos los riesgos de la represión como métodos de acción del Estado. Además, no vamos a dar sustento a la propaganda que pretende pintarnos como un gobierno autoritario. A pesar de los desencuentros y debates, a pesar de las posiciones encontradas, no hay que olvidar nunca, ni perder de vista quiénes son los maleantes”.
“Ellos son los que aterrorizan a la población indefensa y la toman como rehenes, destruyen la propiedad ajena y amenazan cobardemente a mujeres y niños. El Estado mexicano somos los que debemos enfrentarlos mediante firmeza y transparencia para conquistar la paz”, comentó.
Resaltó la creación de la Guardia Nacional, cuerpo que cumplirá una función más preventiva que reactiva. “Se encuentra ya desplegada a nivel nacional con 72 mil elementos, y aspiramos a terminar el año con 92 mil y 140 mil para el 2021”.
No obstante, aclaró que la seguridad pública no está depositada exclusivamente en la Guardia Nacional, sino que representa solo la fase más visible. “Las políticas sociales avanzan respaldando la política de seguridad, generando oportunidades laborales, de salud y educación particularmente para los jóvenes”.
Una de las principales propuestas, dijo, es hacer policía desde abajo, por medio de corregir, mejorar, capacitar, a las corporaciones estatales y municipales para que puedan actuar en complemento de la Guardia Nacional.
Destacó que es necesario trabajar sin descanso para ofrecer a la gente un modo honesto de subsistencia para que nadie sea orillado a delinquir por falta de oportunidades.
Habló también del combate al mercado ilícito de combustibles, donde el Ejército y la Marina han realizado una tarea importante. El combate al mercado ilícito de hidrocarburos ha representado un ahorro para el Estado, de 34 mil millones de pesos.
Durazo Montaño subrayó que la transparencia en materia de seguridad pública es un principio fundamental de este gobierno, y esa transparencia es posible “porque no tenemos nada qué ocultar, no nos interesa mantener secrecía alguna, salvo en aquellos aspectos susceptibles, sensibles para el debido proceso, los derechos humanos o la seguridad nacional”.
Dejó claro que por primera vez se transparentan las cifras cotidianas de incidencia delictiva en delitos de alto impacto. “Hemos preferido la crítica y el debate que esto genera, a mantener la opacidad y la inercia”.
El secretario explicó que el gobierno instrumenta a diario una estrategia de seguridad completa y eficiente que rinde frutos paulatinamente, pero los niveles de violencia no tienen su origen exclusivamente en las deficiencias de los aparatos y las políticas de seguridad, sino en la suma de todas las fallas estructurales de nuestro modelo político, económico y social.
Consideró que el reto de la inseguridad se enfrenta cotidianamente y “sin echarnos la bolita unos a otros, sin repartir culpas ni eludir responsabilidades, nos sumamos en un trabajo conjunto, coordinado, eficaz y permanente con el propósito de garantizar mejores condiciones de seguridad para todas y todos los mexicanos”.
Indicó que es imposible tener policías limpias en el marco de gobiernos corruptos e impunes; por ello, primero nos abocamos a poner orden en el gobierno. Se logró ya una reforma constitucional que califica como delito grave a los actos de corrupción. También destacó la reforma en materia de extinción de dominio, porque facilita las acciones en contra de servidores públicos corruptos.
Finalmente, expresó su reconocimiento a la extraordinaria contribución del Legislativo en materia de seguridad pública.
A la comparecencia asistieron el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, y el de Marina, José Rafael Ojeda Durán.