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La Comisión Especial del Senado para Veracruz no para y a escasas semanas de haber iniciado su trabajo ya documentó otro caso de abuso de autoridad y violación al Estado de derecho de los muchos que se cometen en ese estado. Tal es el caso de Rogelio Franco Castán, diputado federal electo del PRD, que está en prisión desde hace 10 meses.


Esta Comisión, a la que ha descalificado el gobernador Cuitláhuac García, se reunió de nuevo para informar los avances de sus investigaciones. Junto con los legisladores estuvo Luis Enrique González Lira, titular de la defensa de Franco Castán, quien afirmó que la detención y vinculación a proceso de su cliente es un acto arbitrario, injustificado y desapegado del Estado de derecho.


Al respecto, el abogado de Franco Castán explicó, que el diputado enfrenta tres procesos: el primero, por el delito de ultrajes a la autoridad contra las instituciones de Seguridad Pública, en el distrito judicial de Tuxpan, Veracruz. El segundo, por extorsión y abuso de autoridad contra la administración de justicia, en el distrito de Xalapa, y el tercero, por peculado equiparado. Además, está acusado del delito de violencia familiar, por lo anterior, consideró que es un preso político, declaración que secundó Manuel Bernal, ex dirigente del PRD en Veracruz.


El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, denunció que el Congreso local de Veracruz, aprobó el delito de ultrajes a la autoridad, a sabiendas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional.


“A sabiendas de que había sido declarado inconstitucional en acciones previas, es que el Congreso con la mayoría de Morena lo aprobó, pero sabiendo que había sido declarado inconstitucional por los mismos elementos amplios que permiten hacer acusaciones a modo y que no tiene ningún viso de seguridad jurídica, por eso la Suprema Corte lo declaró inconstitucional, porque puede ser incluso un insulto. Hay referencias en los casos que nos han mencionado en donde el ultraje a la autoridad fue un jaloneo, porque le jaló la ropa, casos tan extremos que llevaron después a la prisión justificada”, afirmó el coordinador del PRD.


Por su parte, Dante Delgado, presidente de esta Comisión Especial informó que se han recibido denuncias de por lo menos 50 casos de abuso de autoridad.


Ante estas evidencias, dijo, no es raro que el gobernador haya decidido “aceptar” la recomendación de la CNDH para abrogar el delito de ultrajes a la autoridad, pues ya es insostenible la mentira de que él es incapaz de cometer alguna violación a los derechos humanos.