· Un calendario bien definido permitiría que se lleve a cabo con mejores condiciones, afirma Javier Corral
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado indicó que entre las líneas de acción para fortalecer la reforma judicial se encuentra la de ajustar los tiempos del proceso, ya que un calendario ajustado permitiría que la elección se lleve a cabo con mejores condiciones, por lo que consideró razonable posponerla hasta 2028.
“La experiencia mostró que se requiere tiempo para consolidar reglas, alinear criterios y asegurar que las instituciones operen con orden”, expresó el senador durante la apertura del foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”.
Aseguró que se ha insistido en cambiar la fecha de la elección, ya que se cuenta con poco tiempo para ajustar el transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el artículo 105 constitucional establece que para hacer reformas electorales se requiere de 90 días antes del inicio de un proceso de elección.
Ello, subrayó, nos llevaría a tener como plazo para esa reforma el mes de mayo, por lo que “estaríamos hablando de un límite de entre el 18 y el 22 de mayo para que el constituyente permanente pudiera aprobar una reforma constitucional, como ayer lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando dijo que se analiza la posibilidad”.
Javier Corral subrayó que otra de las líneas de acción para robustecer el marco jurídico es establecer una certificación técnica para aspirantes, un mecanismo uniforme que evalúe capacidades indispensables, razonamiento jurídico, conocimiento procesal, interpretación constitucional, criterios de derechos humanos y ética judicial, es decir, un estándar común que dé certeza sobre quienes llegan a la boleta.
La tercera, dijo, es cuidar el perfil de quienes participan, esto implica establecer reglas más estrictas frente a trayectorias políticas recientes, y al mismo tiempo reconocer la importancia de la experiencia en la función jurisdiccional, pues la calidad de la justicia depende en buena medida de ese equilibrio.
El legislador aseveró que es fundamental prevenir a toda costa la captura partidista de las candidaturas, el nuevo clientelismo político judicial y el uso nocivo de los “acordeones”.
Es necesario, reiteró, concentrar el esfuerzo en la selección de quienes aspiran a juzgar, pues durante nuestra primera experiencia los mecanismos de evaluación operaron con criterios distintos, ya que no hubo parámetros suficientemente definidos para valorar trayectorias, capacidades técnicas, perfiles éticos, y eso generó resultados dispares.
Aunado a ello, abundó, se observaron dinámicas que vale la pena atender, sobre todo en el ámbito local, donde en no pocos casos intervinieron estructuras de apoyo de grupos de poder que influyeron en la definición de candidaturas, esto es relevante porque ahí se resuelve la mayor parte de los asuntos de la población.
Además, la ciudadanía se enfrentó a la dificultad de elegir entre perfiles poco conocidos, con información limitada, sin herramientas para distinguir preparación o experiencia.
Por tal motivo, estamos obligados a evaluar lo que ha ocurrido en este primer año de implementación, no para negar la reforma, sino para fortalecerla. La experiencia del primer proceso ya nos dejó información nítida, precisa y útil y ha develado importantes áreas de oportunidad, agregó.
En la primera mesa del foro, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, negó que la concurrencia de los procesos electorales disminuya el gasto de este órgano administrativo, sino que, al contrario, lo duplica, de manera que el costo de los comicios de 2027, donde coincide la elección de juzgadores y de legisladores, gobernadores y presidentes municipales, podría ascender a 15 mil millones de pesos.
La consejera electoral detalló que el costo más grande en unos comicios es la contratación de personal, por lo que se tendría que duplicar la capacitación de los funcionarios en caso de que hubiese concurrencia en las elecciones 2027, a lo que también se suman elecciones locales, lo cual, precisó, posee sus diferencias con los comicios federales.
“La proyección que podríamos estar pensando justo, porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos, que les comento son necesarias en cada elección para la seguridad, la certeza de cada una de las votaciones, estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, expuso.
López Vences agregó que entre los desafíos que enfrentan, tanto el INE como los órganos locales con la concurrencia de elecciones, también está el manejo de documentación, particularmente la impresión y almacenamiento de las boletas electorales, lo cual, aseguró, tiene un alto margen de seguridad y no cualquiera puede encargarse de ello.
Previamente, Susana Harp Iturribarría, senadora de Morena, reconoció que un proceso electoral exclusivo para el Poder Judicial será aún más complejo si éste concurre el mismo día de los comicios para gubernaturas, diputaciones federales y locales y presidencias municipales, por lo que ella respalda la propuesta de realizar la elección judicial hasta 2028.
“Nos parece que separar ambos procesos protege la independencia judicial para evitar la politización de estas candidaturas y permite que la ciudadanía conozca mejor a quienes aspiran a impartir justicia”, añadió la también presidenta de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Detalló que después del proceso electoral del Poder Judicial, se han identificado “espacios de oportunidad” que deben subsanarse para mejorar el desarrollo procedimental y sustantivo de la selección de personas que vayan a impartir justicia en nuestro país, como que los aspirantes cuenten con certificaciones o que la ciudadanía cuente con tiempo suficiente para conocerlos.
De Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno recordó que la elección de los integrantes del Poder Judicial implicó la remoción de más de mil 600 juzgadores federales y cinco mil locales, algo que, aunque se ha propuesto de forma escalonada, consideró que “trastoca” el andamiaje jurídico con el que se ha impartido justicia durante muchos años.
Señaló que su bancada acompañará la propuesta de Corral Jurado, pues coincidió en que “era importante tomarse el tiempo” para garantizar que llegara la gente idónea a los espacios del Poder Judicial; “hoy, a año y medio de haberse realizado ese cambio, tenemos ya elementos, que nos parecen, si no suficientes, sí valiosos y que nos pueden permitir hacer un corte de caja”, agregó.
Expuso que estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México han detectado que hubo “improvisación” en la elección de juzgadores, falta de capacidad y experiencia de muchas personas electas que hoy tienen en sus manos la vida de mexicanas y mexicanos a la hora de dirimir controversias.
Mariana Campos, directora general de la organización México Evalúa, insistió en la conveniencia de aplazar la elección para dotarla de la logística y recursos necesarios, “para abonar a la reconstrucción de la certeza jurídica que se ha perdido”, así como para aprovechar las oportunidades económicas que tiene el país, que posiblemente son únicas en décadas.
Por otro parte, advirtió que el escenario mundial no favorece a que en México se tomen “riesgos innecesarios”; “enfrentamos un contexto internacional adverso de guerras, en donde México tiene poca incidencia realmente en lo que está pasando a nivel internacional, por lo cual la mejor actuación de los mexicanos está en fortalecer sus instituciones”, enfatizó.