>> La primera busca llevar un control más estricto del armamento en posesión de particulares
>> La segunda pretende que los ingresos que se obtengan con el documento migratorio de estancia de un extranjero en el país sin permiso para realizar actividades renumeradas, sean destinados a las empresas de participación estatal mayoritaria sectorizadas a la SEDENA
A dos semanas de que concluya su gestión como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador envía a la Cámara de Diputados dos nuevas iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, y en la Ley Federal de Derechos.
En razón de que, desde el 11 de enero de 1972, no ha sido actualizada y debido al incremento del tráfico de armas, es necesario actualizarla, ya que muchos de esos artefactos están vinculadas al crimen organizado y al incremento de homicidios.
Con ello se pretende tener un control más estricto del armamento en posesión de particulares; el documento menciona que también se deben regulen armas con calibres calibres .357, .22” Magnum, Hornet y TCM, porque tienen mayor capacidad de alcance y velocidad.
Asimismo, busca otorgar certeza jurídica para la portación a personas ejidatarias, comuneras, sucesoras, pequeños propietarios, avecindados, jornaleras del campo, así como pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Precisa que será facultad exclusiva del presidente de la República y la Secretaría de la Defensa (SEDENA) expedir permisos, licencias y manifestación de armas de fuego, el control y registro de las operaciones relacionadas con las mismas en el país, así como su fabricación y comercialización.
En cuanto a los cambios a la Ley Federal de Derechos busca que los ingresos que se obtengan con el documento migratorio de estancia de un extranjero en el país sin permiso para realizar actividades renumeradas, sean destinados a las empresas de participación estatal mayoritaria sectorizadas a la SEDENA.
Observa un régimen transitorio que establezca la obligación de modificar el referido fideicomiso, que determina que dichas contribuciones deben ser canalizadas al fideicomiso público federal sin estructura que constituya la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, S.A. de C.V.
Igualmente garantiza el mandato establecido en la Constitución, y cumple los compromisos adoptados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2024, velando por la estabilidad de las finanzas públicas, regular y fomentar las actividades económicas impulsar el desarrollo sostenible.