Para impedir que extranjeros sean expulsados del país por opinar sobre cuestiones políticas de México, y que además tengan garantizado el libre derecho a la manifestación, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar el artículo 33 constitucional.
El documento, enviado a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y que fue publicado este miércoles en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados, establece:
“Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución, por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas”.
En caso de que los extranjeros representen un riesgo o afectación a la seguridad nacional, permanece la posibilidad de expulsión.
“El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley llevado a cabo ante autoridad competente, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional”, se indica en la iniciativa.
De acuerdo al jefe del Ejecutivo federal dicha modificación es necesaria.
“La redacción del artículo 33 constitucional, en el que se prevén los derechos reconocidos a las personas extranjeras, así como el procedimiento de ley en caso de expulsión, requiere de una actualización en congruencia con el marco constitucional, en el que la defensa y protección de los derechos humanos de las personas por parte de las autoridades mexicanas es la regla, y en el que las excepciones que justifiquen su limitación deben estar perfectamente definidas, fundadas y motivadas”, se indica en la exposición de motivos de la iniciativa.
Además, se plantea una redacción con perspectiva de derechos humanos “acorde con los tiempos de transformación y libertad que vive nuestro país”, se agrega en el documento.
Actualmente, el artículo 33 establece que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.