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Aun cuando las secretarías de Bienestar y de Gobernación anunciaron que los programas sociales están “blindados y que no se solapará su uso con fines electorales”, en ninguno de los estados donde habrá elecciones porque se tiene el personal suficiente de esas instituciones para cuidar las manos de los funcionarios federales, indispensable que el INE contribuya a la equidad y la transparencia de los procesos, consideró Fernando Herrera, vocero de Acción Nacional.

El panista, dijo que, ante el intenso activismo del presidente en estados con elecciones, se hace necesaria su participación ya que de esa forma habrá un proceso transparente y con equidad.

“Por esa razón, solicitamos respetuosamente al INE para que vigile de manera estricta, que la entrega de los recursos de los programas sociales no se use para beneficiar a los candidatos de Morena. Como opositor, el presidente de la República se quejó permanentemente del uso electoral de los recursos, pero ahora hemos visto que su activismo fue intenso en los estados con elecciones”, aseguró.

Recordó que son miles de millones de pesos los que se reparten mediante los programas sociales. A Jóvenes Construyendo el Futuro se les da 3,600 pesos al mes, mientras que a los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad se les entrega 2, 274 pesos mensuales.

Asimismo, el vocero panista pidió a la Secretaría de Bienestar y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que colaboren en la prevención de cualquier ilícito electoral relacionado con la entrega de recursos económicos a las familias más necesitadas.

“Nuestros militantes y abogados también harán lo propio. Todos vamos a estar vigilantes en las campañas para denunciar las irregularidades que se vayan presentando. Esperamos que el gobierno de Morena no caiga en la tentación de cometer los mismos errores que antes reclamaban, porque es fundamental que haya equidad y transparencia en los procesos electorales”, añadió Herrera.

Recordar que el domingo 2 de junio se elegirán gobernadores en Baja California y Puebla; alcaldes en Aguascalientes y Durango, y diputados locales en Quintana Roo y Tamaulipas.