· La Secretaría de la Función Pública, no cumple con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, en cuanto a la observancia de sus obligaciones: Dip. Marcos Aguilar
· Se ha incrementado la discrecionalidad y opacidad en la designación de adquisiciones en la actual administración: Dip. Sonia Rocha
· Este gobierno no puede autodefinirse como transparente y honesto, cuando no da a conocer de manera clara las razones que motivan las adjudicaciones de manera directa: Dip. Martha Elisa González
· El INSABI ha actuado con total opacidad, pues no existen registros de los contratos ni de las compras de insumos para la salud, para atender la emergencia sanitaria: Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba
En la comparecencia de la secretaría de la Función Pública, la diputada Josefina Salazar Sáenz afirmó que estos seis años de gestión del presidente López Obrador, no se llegará muy lejos en el combate a la corrupción, “el presidente ofreció que barrería las escaleras de arriba hacia abajo, pero nunca mencionó que escondería la suciedad debajo de un tapete. Eso es lo que ha sido Erendira Sandoval, secretaría de la Función Pública, un tapete estos dos años señora Secretaria”.
Durante la comparecencia, la diputada panista aseguró que México puede declarar oficialmente muerto su proceso de consolidación de la democracia.
“Hace dos años supimos que en materia de combate a la corrupción no se iba a llegar muy lejos. Este gobierno vive un extravío constante en materia de adjudicación directa”, señaló.
“¡Ya basta de que se ocupe la presidencia para censurar, estigmatizar y atacar a quien no comparte sus ideas con su jefe y encubrir a sus aliados, está usted obligada a actuar en consecuencia!, agregó la panista en tribuna.
Por su parte, el diputado Marcos Aguilar Vega señaló que la Secretaría de la Función Pública, no cumple con los estándares mínimos que la ciudadanía exige y merece, ya que el funcionamiento de diversas áreas del Gobierno Federal, la actuación de servidores públicos, el manejo de recursos públicos, entre otros, no se apegan a los principios de transparencia.
La funcionaria federal, dijo, no cumple con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones y facultades y que se actúa selectivamente en la investigación y sanción tanto de funcionarios públicos como de particulares.
“En el Partido Acción Nacional, exigimos que su actuación se apegue a la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas y encuadre la actuación de cualquier servidor público con independencia de su jerarquización en la Administración Pública Federal”, afirmó Marcos Aguilar.
Durante la glosa con motivo del segundo Informe de Gobierno, la diputada Sonia Rocha Acosta expresó que se ha incrementado la discrecionalidad y opacidad en la designación de adquisiciones en la actual administración.
“Este gobierno no registra avances en el combate a la corrupción en el rubro de adquisiciones y obras públicas, porque la discrecionalidad y el monopolio de la decisión pública, permiten la realización de actos de corrupción”, aseveró.
Además, en tribuna, subrayó que no se ha respetado el protocolo de licitaciones públicas y reiteró que todas las compras del gobierno debe manejarse dentro de los principios de transparencia, “la asignación directa debe ser la excepción y no la regla, como se ha venido realizando en la presente administración”.
Por su parte, la diputada Martha Elisa González Estrada apuntó que este gobierno no puede autodefinirse como transparente y honesto, cuando no da a conocer de manera clara las razones que motivan las adjudicaciones de manera directa de todos los contratos, toda vez que en el segundo informe de labores, se observa únicamente la justificación de poco más de 700 adjudicaciones directas autorizadas.
“El combate a la corrupción se ha quedado en el discurso de cada mañanera, ya que no se puede hablar de que en este gobierno de la 4T se está combatiendo la corrupción, cuando el mismo gobierno impone reformas legales que contribuyen a la opacidad y a la discrecionalidad en las adquisiciones públicas tal y como ocurrió con la reforma al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos”, afirmó en la máxima tribuna del país.
Añadió que la Secretaría de la Función Pública, es la responsable de que los servidores públicos federales, se apeguen a la legalidad, así como de sancionar a quienes no lo hacen y, en este sentido, “la ley es muy clara al sólo permitir las adjudicaciones directas como una excepción, no como la regla, tal como está sucediendo en el Gobierno Federal”, dijo González Estrada.
Para finalizar, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba solicitó a la titular de la Función Pública realizar una auditoría externa e imparcial a la gestión del gobierno federal en materia de la pandemia, tal y como en otros países se han realizado, lo que les ha permitido corregir errores y salvar muchísimas vidas.
“¿Habrá en algún momento una revisión estructural al desempeño de las autoridades frente a la pandemia, Secretaria?, ¿qué pasó con las compras irregulares que el gobierno federal ha hecho para enfrentar el Covid?”, indagó.
Argumentó que el INSABI ha actuado con total opacidad, pues no existen registros de los contratos ni de las compras de insumos para la salud, para atender la emergencia sanitaria.
“¿En qué se están gastando los 40 mil millones de pesos que fueron extraídos o agandallados del Fondo Nacional para el Bienestar de manera adicional para incorporar a su presupuesto?”, concluyó Ramírez Barba.
Para finalizar el diputado panista dijo, “es una pena que las palabras de la secretaria sean sólo un discurso y solicito guardar congruencia entre lo que se hace”.