México, necesita una arquitectura institucional, en la que existan organizaciones capaces de sancionar efectivamente cualquier delito, ya que el hecho de que la corrupción se haya enraizado en varias relaciones sociales de nuestra vida cotidiana, se debe en gran medida a la impunidad con la que se ejerce, a un sistema de incentivos que la reproduce y a una gran tolerancia social que la “normaliza”, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
Frente a ello, considera que el gran reto para quienes encabecen el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Fiscalía será erradicarla y con ello recuperar la credibilidad entre la ciudadanía.
En su investigación “La corrupción en México”, subraya que la serie histórica del índice de percepción sobre corrupción de Transparencia Internacional, presentó en 2016 el puntaje más bajo que ha tenido el país desde 2012, de sólo 30 puntos.
Lo que coloca a México dentro de los países del continente americano peor evaluados; y es altamente probable, refiere el IBD, que datos similares expliquen, hasta cierto punto el escepticismo que hay sobre la eficacia que tendrá el SNA para combatir el problema.
En mayo de 2015, se publicó la reforma constitucional para implementar el SNA, integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas locales; pero aún está pendiente la designación del fiscal anticorrupción, elemento clave del Comité Coordinador, explica el documento.
En ese sentido, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2016, reporta que 54 por ciento de los mexicanos encuestados afirman que el Sistema Nacional Anticorrupción contribuirá nada o muy poco en combatir este fenómeno
Cabe destacar que la corrupción ocupa el sexto lugar de los 10 problemas más importantes del país, de acuerdo con la precepción de la ciudadanía; sin embargo, los expertos afirman que, si bien la corrupción ha enraizado en la vida cotidiana, ésta no es un problema cultural.
El IBD señala que es posible afirmar que no existe un sistema político exento de servidores públicos que cometan actos de corrupción; la gran diferencia consiste en que algunos Estados han logrado establecer mecanismos para limitarla de manera más eficaz que otros.
Por lo que subraya la necesidad de fortalecer a las instituciones.