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Estira y afloja

Estados Unidos no tiene “evidencia creíble” que indique que los grupos terroristas internacionales establecieron bases en México o trabajaron directamente con los cárteles de las drogas, aunque consideró que “la frontera sur sigue siendo vulnerable al tránsito terrorista” y que la cooperación bilateral sobre el tema “se mantuvo fuerte”. Al presentar ayer los informes nacionales sobre terrorismo 2020, el Departamento de Estado advirtió que “la reforma a la Ley de Seguridad Nacional reguló la interacción entre funcionarios mexicanos y agentes extranjeros, lo que puede ralentizar los intercambios de información sobre la aplicación de la ley y los esfuerzos antiterroristas”.

A su vez, Anne Milgram, administradora de la DEA, dijo que hay un vínculo directo entre las muertes por sobredosis en EU (cada cinco minutos hay una víctima) relacionadas con el fentanilo y las redes criminales de drogas en México. “Estos grupos aprovechan las redes sociales para llevar medicinas mezcladas con fentanilo a los hogares estadunidenses con un solo clic en un teléfono inteligente”.

Por estas razones y otras más, desde la semana pasada el gobierno del presidente Joe Biden anunció la modernización y actualización de reglas, normas y respuestas contra el narcotráfico y el terrorismo dentro de la declaración presidencial de “emergencia nacional”. Se involucra más a instituciones financieras, de depósito y de seguro; casinos, negocios de servicios monetarios, hipotecas, industria de metales preciosos y todo lo relacionado con valores y futuros.

Está la nueva regla de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) para recopilar información sobre empresas fantasma y construir una base de datos con participación de corporativos estadunidenses y extranjeros sobre “sus verdaderos beneficiarios”. Algo similar será para la industria inmobiliaria porque “esas propiedades de lujo son lavanderías de dinero en el piso 81”, como definió la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.

El Tesoro y el FinCEN ya solicitaron la opinión de especialistas sobre futuras normas para combatir el lavado de dinero y otros ilícitos, donde se incluye el secreto bancario. Por cierto, propondrán a instituciones internacionales como GAFI modificar reglas para ser más estrictos en la materia.

Cuarto de junto

Fibra Uno informó ayer en la BMV que fueron suspendidas las medidas cautelares del juicio ordinario mercantil en contra de sus directivos, pero su contraparte asegura que un juez federal le negó la suspensión a Moisés y André El Mann Arazi, según el resolutivo del expediente 1043/2021 del que tengo copia. La demanda fue iniciada por la división fiduciaria de Banco Actinver, como fiduciaria del fideicomiso F/3201 de Rafael Zaga Tawil contra Banco Ve Por Más y los hermanos El Mann.

J. Jesús Rangel M.

jesus.rangel@milenio.com