· Llama a Raquel Buenrostro generar estímulos, ampliar plazos, establecer deducciones, devoluciones rápidas y rebaja de impuestos para detonar la economía
· El déficit de 85 mil mdp y crecimiento del 2 por ciento estimados para este años quedaron hechos pedazos y el país se enfrenta ahora a una caída al 7 u 8 por ciento del PIB; y un desplome de los ingresos tributarios cercano a los 400 mil mdp, precisa
· Necesario que el SAT muestre sensibilidad para escuchar preocupaciones del empresariado, sus puntos de vista y no desprecie prácticas que se aplican en muchos países del mundo tras la contingencia sanitaria y económica, dice
· Pendiente pronunciamiento del SAT respecto a si está dispuesto a compartir facultades con el INEGI para atender la propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar de “meterse a las casas de los ricos de este país para conocer sus bienes y cobrarles impuestos”, afirma
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, a través de Antonio Ortega Martínez, exhortó a la Titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, a abandonar la política de “terrorismo fiscal” contra las empresas en nuestro país y, retome prácticas usadas en otras partes del mundo para detonar nuestra economía, severamente afectada por la crisis del Covid-19 y las malas decisiones tomadas por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su calidad de Secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Ortega Martínez se refirió al encuentro –privado- sostenido por las y los legisladores federales con Buenrostro y tres integrantes de su equipo de trabajo. En este marco, el legislador consideró innecesario que se negara el acceso de los medios y el público a esta reunión, pues dijo que no hubo elementos ni información que valiera discreción para su manejo.
Refirió, de hecho, que lo corto de esta reunión dejó pendientes temas como la opinión del SAT sobre su disposición a compartir facultades con el INEGI para atender el absurdo de la propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar de “meterse a las casas para conocer los bienes de la gente y cobrarles impuestos”, así como otros más que es pertinente aclarar y resolver.
En su caso, explicó, le recordé su paso por la Oficialía Mayor de Hacienda donde (la implementación de acciones como las “compras consolidadas” que derivaron en una grave crisis de medicamentos en el sector salud que seguimos padeciendo) recibió críticas y que era indispensable aprender la lección en este nuevo encargo como titular del SAT, y que valdría la pena actuar con estricto apego a la legalidad, con prudencia y responsabilidad porque las decisiones que toma, tienen impacto sobre millones de mexicanos.
Enseguida Ortega planteó a Buenrostro que las proyecciones de los criterios económicos planteados para este 2020 quedaron rebasadas y las expectativas del país no son buenas como pretende hacer creer el Presidente López Obrador:
“El déficit de 85 mil millones de pesos y el crecimiento del 2 por ciento del PIB (propuestos para este año); quedaron hechos pedazos por la crisis sanitaria y estamos hablando ahora de una caída del PIB cercana al 7 u 8 por ciento (algunos pesimistas hablan del 12 por ciento); y la caída de los ingresos tributarios podrían ser del orden de los 400 mil millones de pesos”.
Por lo tanto, añadió, sabemos que la titular del SAT tiene una encomienda: Sacar dinero hasta “por debajo de las piedras”; pero esta labor choca –refirió- con criterios y prácticas que los empresarios califican como: “terrorismo fiscal”; “persecución”, “amenazas”, “hostigamiento” y eso generará una política de incertidumbre, de desasosiego y desconfianza que podría significar que -en estos momentos en que se requieren inversión y fuentes de trabajo- una política del SAT bañada de “terrorismo fiscal” podría significar la migración de capitales a otros países y, desde luego, la caída de los empleos en México.
“Comenté que era importante que el SAT, además de eficientar su capacidad recaudatoria y de ‘apretar las tuercas’ contra la evasión y la corrupción; escuchara también a los grandes; medianos y pequeños empresarios. Que hubiera sensibilidad para atender sus preocupaciones, y puntos de vista, que no despreciara una práctica que muchos países del mundo están poniendo en práctica en esta contingencia sanitaria y económica: La de flexibilizar la política fiscal generando estímulos, ampliando plazos, estableciendo deducciones, devoluciones rápidas y, en muchos casos, rebaja de los impuestos”, expuso.
“Le plantee que una política de este tipo podría ayudar a un segmento muy golpeado por la pandemia sanitaria (con efectos graves para la economía) y que, sin duda, ella habría corrido con una tarea complicada, difícil; pero que debía tener disposición, ponerse en los zapatos de los empresarios, de los inversionistas, de los que generan empleo para que considerara la difícil situación por la que pasan, y vieran en el SAT a un aliado y un respaldo”.
De acuerdo con el perredista, la funcionaria respondió que el SAT tiene la encomienda de mejorar sus prácticas recaudatorias y que está haciendo acopio de técnicas y mecanismos probados en muchas partes del mundo para aumentar la recaudación.
Añadió finalmente que se ha procurado garantizar derechos y atender -por la vía de los requerimientos judiciales- todas las quejas, además de la pelea del SAT no es con los empresarios; sino con los despachos que –afirmó- “han construido prácticas agresivas para enriquecerse”.
Raquel Buenrostro les aseguró que, en cuestión de minutos, el Servicio ha logrado conciliar y resolver pagos pendientes; a diferencia de lo que pasaba con los despachos, con quienes se habían tardado meses y años para convencerlos de que tenían obligaciones fiscales que cumplir.