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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha vuelto a declarar que las críticas y ataques en contra de su administración son falacias (del latín fallacia: engaño; argumento que parece válido, pero no lo es). Los motivos de tan grave acusación son ahora algunos comentarios acerca de la conducta del INE frente a la consulta popular que deberá realizarse el próximo 1º de agosto.

Lorenzo Córdova ataca a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a quienes culpa de cometer omisiones, en concreto al no haber otorgado el respaldo financiero necesario para la consulta popular. Para definir de dónde procede la falacia y cuál es su motivo, es preciso repasar algo de lo que ha ocurrido durante varios años con el INE, en especial respecto de los recursos que le entrega la Federación.

Cada año, se envía al Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto del INE para el siguiente año, manufacturado por el grupo dominante de ese instituto con absoluta libertad y sin dar explicaciones a nadie. Como señala la Constitución, el presidente de la República lo integra al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y lo presenta a la Cámara de Diputados, tal cual y sin comentarios.

En números redondos y sin incluir el exagerado financiamiento a los partidos, para el año 2018 el INE solicitó 18 226 millones y se le autorizaron 17 426 (año de elecciones nacionales completas y muchas locales). En 2019, el pedido fue de 11 303 y se le aprobaron 10 397.
Para 2020 se dijo que iba a requerir 12 493 y se le entregaron 11 421. Para 2021, año de elección de diputados federales, el requerimiento fue de 20 463 y se le admitieron 19 593.

En los últimos cuatro años no se han autorizado en la Cámara solicitudes de gasto del INE por unos 3 700 millones, pero no se observó nada anormal en su funcionamiento. Las negativas presupuestales señaladas y otras anteriores han provenido de legislaturas diferentes, con mayorías diversas, por lo que no corresponden todas al mismo partido.

El grupo dominante del INE envió un pedido, mediante un simple oficio, a la Cámara de Diputados, para un nuevo presupuesto por 1 500 millones, tendientes a cubrir los gastos de la consulta de agosto de 2021. Al respecto, hay que decir que el INE no tiene facultad para solicitar dinero directamente a la Cámara, sino que debe enviar sus pretensiones presupuestarias al Ejecutivo y éste trasladarlas, para su posible autorización, aunque, también, haciendo ajuste al PEF, pues toda disminución o aumento de egresos autorizados por el Legislativo debe contener su correspondiente repercusión en el presupuesto ya aprobado. El grupo dominante del INE nunca propuso a quiénes habría que reducirle esos 1 500 millones, no obstante recurrió a la Suprema Corte de Justicia para que obligara a los otros dos poderes a obsequiar su solicitud. Los ministros y las ministras emitieron una resolución negativa, “lisa y llana”, como a veces dicen en materia de amparo.

Hay que agregar que, en 2019, 2020 y 2021, el grupo que maneja el INE se negó a reconocer la vigencia del PEF en cuanto a sus propios sueldos. Recurrió a controversias ante la Suprema Corte, obtuvo sucesivas suspensiones, pero nunca se produjo ninguna sentencia, es decir, jamás se ha entrado al fondo del asunto en sede jurisdiccional. Cada año, caduca el presupuesto “suspendido” con esa vergonzosa maniobra y, quienes perciben más de lo autorizado por el Poder Legislativo, siguen imponiéndole a la nación su propio sueldo, como si fueran monarcas absolutos. Ya se sabe de sobra que la Constitución, en su artículo 127, señala que nadie puede recibir una remuneración mayor que la fijada para el presidente de la República en el PEF, pero en el INE existen 300 funcionarios que ganan más por su propia y soberana voluntad.

Lorenzo Córdova ha informado que tuvo que hacer “ahorros” por 500 millones de pesos para cubrir gastos relacionados con la consulta, “gracias a las políticas de eficiencia en el gasto del Instituto”. Si el gobierno les hubiera entregado los 1 500 millones que estaban pidiendo, ¿en qué hubieran gastado esos 500 millones, “ahorrados” gracias a la “eficiencia”, que ya no se habrían tenido que “ahorrar”?

El INE iba a gastar 1 500 millones, según dijo, pero también iba a reducir el número de casillas. Luego, el asunto se salda con 500 millones “ahorrados”, lo que hace pensar que, como cualquier proveedor privado de servicios, descuenta dos tercios en la factura, pero brinda solo la tercera parte del trabajo que se requería. Sin embargo, como desde el principio se afirmó en el INE que no era necesario instalar tantas casillas como en la elección federal, sino sólo una parte de ellas, un tercio, digamos, ¿dónde iban a ir los restantes mil millones, más los 500 ahorrados? Otra discusión consiste en si serán suficientes las casillas que se van a instalar. Lo veremos pronto.

En el Instituto Nacional Electoral ningún dinero alcanzaría para todo lo que se quiere gastar con o sin necesidad. El Estado mexicano creó un enorme aparato oneroso y poco eficaz, mediante acuerdos entre los partidos políticos, como pretendido instrumento que garantizara la equidad, legalidad y transparencia en los procesos electorales.

Las veces que la Cámara de Diputados no ha le autorizado la totalidad del dinero solicitado, el INE siempre ha tenido suficiencia y, además, se ha demostrado que, aún con menos presupuesto, hubiera logrado hacer esencialmente lo mismo. En el INE, el derroche siempre ha sido una de sus costumbres, una manera de repartir dinero.

El grupo de regidores del INE siempre ha dicho que la Cámara de Diputados le recorta el presupuesto. Sin embargo, no se le puede quitar a una entidad pública lo que nunca se le ha acreditado y ministrado. Lo que hace la Cámara es negar solicitudes groseramente exageradas y tratar de evitar los gastos más inflados que caracterizan al INE, empezando por los sueldos ahora inconstitucionales. Aún así, como lo demuestran los 500 millones que tenía Córdova debajo del colchón cuando estaba pidiendo 1 500, el INE sigue siendo dispendioso.

Esta situación contrasta con la ineficacia de una institución que jamás entrega resultados electorales completos y validados antes del cuarto día después de la jornada electoral. Medalla mundial al demérito.

En 2015, el jueves posterior a la elección (10:43 horas), cuando todavía existían conteos distritales en curso, el Sistema de Cómputos arrojó el 100.66 por ciento de casillas computadas, luego de lo cual hubo una lluvia de preguntas y protestas, pero sin que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, compareciera ante los medios para informar sobre lo que estaba ocurriendo con el mecanismo de computación nacional de votos. Algo también muy poco visto en el mundo.

Ese mismo año, cuando se tenía que inaugurar el nuevo sistema de control de gastos de los partidos, fue imposible hacerlo funcionar de acuerdo con la ley porque el contratista había resultado ser un defraudador y no diseñó el programa, sino que durante meses nomás estuvo cuenteándose a los cabecillas del grupo dominante del Instituto.

Es breve la historia del INE como órgano independiente (1996), pero sería muy laborioso escribirla, aunque fuera en versión preliminar. Son incontables las pifias, errores, fraudes, imposiciones, maniobras, chuecuras y abundantes falacias. En 2006, el IFE hizo un cómputo nacional de la elección presidencial que está reservado al Tribunal. En realidad, el IFE-INE carece de épica. Han sido tan sólo 25 años, pero cargados de acontecimientos dignos de ser relatados.

En muy pocos países el órgano electoral tiene un aparato relativamente tan grande. Al margen del sistema de registro de electores que es, en esencia, otra cosa, el INE cuenta con 333 órganos ejecutivos permanentes que funcionan a toda su capacidad sólo cada tres años. Esas juntas tienen direcciones redundantes, al grado de unificar organización y capacitación justo cuando hay comicios, es decir, cuando se acaban las vacaciones. Ni el Ejército está tan extendido. Bueno, ya ni la Guardia Nacional que apenas llegará este año a unos 250 cuarteles y esa sí que tiene que cubrir el territorio durante todo el año.

No existe el menor intento de inventar deficiencias o exagerar errores del INE. Nunca ha sido así. Lo que debe entenderse es que lo delicado de la tarea de administrar los procesos electorales provoca respuestas críticas inmediatas y enérgicas, mucho más cuando, como ahora, existe una especie de mafia burocrática que no discute con nadie y aplica las leyes sin criterio de justicia y de respeto a derechos ciudadanos, con el fin de beneficiar a sus amigos y combatir a sus críticos, entre los cuales destaca el gobierno desde el 1º de diciembre de 2018, pero no antes.

En los argumentos de esa mafia podemos encontrar la práctica de la falacia para atribuir validez a la mentira, como esa de los miles de millones dizque recortados que jamás tuvo el Instituto más que en los papeles de burócratas que, además, se asignan su propio sueldo a despecho de lo que marca la Carta Magna que prometieron respetar.

El INE debería ser un órgano del Estado regido por el profesionalismo, la legalidad y la imparcialidad, garante de derechos ciudadanos y humanos. Quien quiera participar en la lucha política, que se postule, que milite, pero que no convierta en instrumento a instituciones, como el INE, que tienen específico mandato constitucional, pues, al actuar de tal forma, se vive envuelto en falacias, es decir, en intentos incesantes de presentar como verdades sus propias mentiras.