NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La elección 2018 es el proceso con la mayor cantidad de gobernadores en la cárcel de la historia moderna, por acusaciones de enriquecimiento personal y desviación de recursos públicos, presumiblemente a campañas. El hecho pinta de cuerpo entero el enojo de la ciudadanía con la clase política y prácticas de gobiernos que, entre otras, agravan la inseguridad frente a los comicios federales y locales más complejos en 30 estados y nueve gubernaturas el próximo 1 de julio. ¿Otros mandatarios estatales podrían seguir los mismos pasos y caer en manos de la justicia por intervenir en ellos con dinero de las arcas estatales?
El daño material de la corrupción puede verse en la crisis de seguridad que hoy es el mayor desafío para el proceso electoral, especialmente en estados que abandonaron las políticas de seguridad o las desplazaron por otros intereses político-electorales. Los casos de Javier Duarte, en Veracruz, Roberto Borge, en QR, o Guillermo Padrés, en Sonora, no son hechos aislados, como tampoco el impacto del manejo opaco e ineficiente de los gobiernos estatales en los programas de seguridad. Por el contrario, corresponden a patrones de conducta del ejercicio del poder y a la falta de contrapesos a mandatarios estatales que gobiernan como virreyes. Los ejemplos se suceden de un estado a otro, a pesar de la sanción por los “escándalos de corrupción”, como la que tiene a esos exmandatarios en la cárcel o al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, por llevar dinero público a la campaña de Chihuahua.
Un nuevo enigma es el uso y destino de mil 165 millones de pesos de fondos federales que en 2016 recibió el gobernador de BCS, Carlos Mendoza Davis, según la ASF. En efecto, desde su primer año de gobierno en 2016 se detectan desvíos y una gestión “poco transparente e ineficiente” de recursos, que afecta programas de educación, infraestructura y seguridad pública, mientras en la entidad se disparan los índices de violencia hasta niveles que ponen a destinos turísticos, como Los Cabos, entre las ciudades más letales del país. El abandono de políticas públicas de seguridad en entidades en que también se aprecia un mal uso de los presupuestos públicos ha acabado por alimentar una situación de violencia que es una “seria amenaza” para la democracia, como advirtió esta semana Kofi Annan.
BCS se convirtió en 2017 en el tercer estado más violento del país después ser un oasis de paz para la inversión extranjera y el desarrollo del turismo, a pesar de que Mendoza Davis recibió un buen trato de la SHCP en la asignación de fondos federales desde que llegó al cargo, en 2016. Jalisco es otro caso de estado consentido por el gobierno federal, al igual que de ineficacia del local, para detener una ola de violencia que amenaza la estabilidad de una entidad donde también habrá elecciones el 1 de julio. Esta semana alcanzó uno de sus niveles más alarmantes con un atentado contra Luis Carlos Nájera, secretario del Trabajo y exfiscal, atribuido al CJNG, en otra demostración de la capacidad de fuego del cártel superior a las fuerzas locales. El abandono de la seguridad en el estado se traduce en que si el estándar internacional recomendado de policías por habitante es de dos por cada mil habitantes, en Jalisco sólo alcanza 0.7%, medio punto debajo de la media nacional; o en que sólo hay cuatro MP por cada mil habitantes, mientras que en Chihuahua hay 23, no obstante que es uno de los estados que más dinero recibe de la Federación de los recursos que le aporta y el segundo ha sido castigado con recortes de fondos federalizados.
La criminalidad y su desafío para la democracia muestran que el manejo del presupuesto federal para apuntalar la gobernabilidad del país es un enfoque equivocado cuando la violencia alcanza niveles de riesgo para la seguridad nacional. El problema no es sólo, como ocurre con otras democracias, la transferencia de dinero a las campañas, sino de la forma de ejercer el poder sin contrapesos ni rendición de cuentas.