NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El “autogobierno” en la cárcel de Piedras Negras y confesiones de exlíderes zetas en tribunales de Texas sobre el dominio en Coahuila es la comprobación de la ausencia de instituciones estatales, como ocurre en otras partes del país. Un caso paradigmático de lo que no explican declaraciones evasivas y crípticas sobre la situación “muy compleja” de inseguridad, al decir del responsable de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Coahuila ha sido sinónimo de convulsión desde el sexenio pasado y una entidad bajo el “yugo” de Los Zetas hasta hace pocos años, pero, sobre todo, un libro abierto para leer sobre la violencia cuando se dispara la cifra de inseguridad en el país hasta los mayores registros de los últimos 20 años sin una explicación coherente del gobierno.
A la crisis de violencia le ha faltado una narrativa que la explique, más allá de adjudicarla sólo a la guerra entre cárteles. Éste es el valor del informe El yugo de Los Zetas, de El Colegio de México y apoyado por la CNAV, porque ofrece información detallada de la violencia sin precedentes que se vivió en Coahuila y que es susceptible de aprovecharse para evitar que en otras partes derive, otra vez, en el infierno de crímenes y desaparecidos, como Allende y otros municipios en los gobiernos de los hermanos Moreira. El trabajo sirve para hacer más perceptible la forma de operar y mecanismos para el control casi completo que Los Zetas lograron tener en ese estado y dilucidar cambiar el modelo de seguridad.
Por ejemplo, el informe ofrece explicaciones coherentes y detalladas del papel de los jefes de plaza para el control territorial del cártel y el funcionamiento de la prisión de Piedras Negras como cuartel general para el reclutamiento forzado, organización del negocio de drogas y la política de terror de Los Zetas, con su uso como “campo de exterminio”. De tal modo que su operación desde el Cereso les brindaba condiciones de seguridad inmejorables y hasta recibir subsidio por el uso de la infraestructura. Si bien la CNDH ha denunciado los peligros del autogobierno en prisiones en Coahuila y otros estados, el hecho de que Los Zetas pudieran entronizar como jefe del penal en 2009 a Ramón Burciaga Magallanes, El Maga, fue decisivo para su avance en la entidad porque representaría la capitulación de las instituciones estatales.
Aquí la parte más débil de la narración del informe. La explicación de las formas y mecánicas que se fueron traduciendo en pactos para entregar al cártel la soberanía de un espacio reservado al Estado. Se ha explicado, como hace el trabajo de forma muy general, el apoderamiento del crimen de las instituciones por omisiones y la complicidad de “algunos” funcionarios estatales o la indiferencia de la Federación, como también ocurriera con las autoridades municipales de Iguala o el involucramiento de policías estatales en la desaparición de personas en Veracruz. Pero aún está pendiente un mayor conocimiento del ascenso de las tramas criminales en los corredores del poder público, el conocimiento y castigo de los servidores que entran en convenios con el crimen. Evidentemente, si la autoridad no es capaz de conservar el gobierno de sus penales, menos puede garantizar la seguridad pública. El punto es decisivo una vez que las instituciones de seguridad y justicia nuevamente parecen olvidadas y se presentan rebasaas por el crimen en un año que se perfila como el más violento en dos décadas; cuando detonan delitos de alto impacto como el asesinato de un alto ejecutivo de Televisa o del ombudsman de BCS. En suma, el informe vuelve a dejar la pregunta de si es posible enfrentar la “muy compleja” situación de inseguridad en el país sin limpiar primero la corrupción de las instituciones, que —como se sugiere—permite que funcionarios y hasta recursos públicos sirvan para patrocinar al crimen, como ocurrió con la cárcel de Los Zetas.