Para el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la guardia nacional no revertirá la situación de violencia e inseguridad, por el contrario, generaría el riesgo de vulnerar los derechos humanos y debilitaría la institucionalidad civil y democrática.
Durante su intervención en la comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, el ombudsman afirmó que esa figura es una solución paliativa e incompleta a los graves problemas de seguridad en el país.
E insistió que repetir o intentar perfeccionar fórmulas de combate al crimen organizado, que en el pasado han demostrado limitaciones y deficiencias, “implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que cientos de miles de mexicanas y mexicanos han perdido la vida, miles están desaparecidos y se ha producido un número no determinado de víctimas”.
Recalcó que entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta.
«No somos ingenuos ni pretendemos cerrar los ojos ante la realidad. Reconocemos que, por el momento, no sería viable que nuestras Fuerzas Armadas dejaran de participar en las tareas de apoyo. Pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no estén subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales”, dijo.
González Pérez considero que no sería correcto poner nuestras esperanzas en un cuerpo militar con funciones policiacas, pues tal como se ha planteado la Guardia Nacional, tendría efectos limitados y de corto plazo. Por lo que solicitó al Poder Legislativo establecer un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise muy bien la iniciativa, pues la seguridad es una necesidad social, no un campo para intereses políticos o de otra índole.
“Reiteramos el llamado que hemos hecho a que nuestro país, por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática. La primacía de las instancias civiles sobre las militares, no podemos verla como un mero postulado teórico, es una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal y garantizar que el libre desarrollo de la convivencia social y de nuestro sistema democrático no se vea condicionado por intereses políticos o de cualquiera otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza”.
Antes de concluir su participación, reconoció la labor de las fuerzas armadas, mismas que desde hace 12 años han contribuido hacer frente a la ola de violencia en diversas partes del país; subrayó la necesidad de dotarlos de un marco normativo que regule su participación y genere certidumbre, tanto a los elementos castrenses como a la sociedad en general, pues a cómo está la situación tardaran muchos años en regresas a sus cuarteles.