Con 22 votos a favor y 18 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas y adiciones a doce artículos de la Carta Magna para trasladar la adscripción de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa.
Durante casi dos horas, la oposición advirtió que la mencionada propuesta “perfecciona la militarización del país”, mientras Morena y sus aliados replicaron que de esta forma se combate al crimen con mayores medidas de cooperación, y con la posibilidad de que la GN realice sus propias investigaciones.
“Pero el problema es que no se combate al crimen. No me digan que no sabemos de esto, sé lo que son las bases de operaciones mixtas, lo sé y así se logró la paz, pero no se va a lograr la paz de la manera que ustedes lo están proponiendo, están condenando a Claudia Sheinbaum a no lograr la paz y ojalá y me equivoque, que haya paz, ojalá y me equivoque, pero eso es lo que están condenando”, dijo Rubén Moreira, coordinador del PRI.
Por su parte, el panista Jorge Triana alertó que el dictamen representaba un “nuevo intento por perfeccionar la militarización” de la seguridad pública, al tiempo que advirtió que la GN “administrativamente es un desastre”, porque sus elementos cobran en una institución, pero se guían por los protocolos de otra.
Héctor Saúl Téllez, también del PAN indicó “esta Guardia Nacional ha acumulado ya en su existencia 1912 quejas de derechos humanos. No está trabajando bien la Guardia Nacional porque dentro de los elementos que integran a la guardia, el 95% son militares”.
El proyecto suprime la denominación de “institución policial de carácter civil” y define a la Guardia Nacional como “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
Otorga asimismo a la corporación la facultad constitucional de investigar los delitos.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.
Establece además que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública.
En el texto del proyecto de dictamen se advierte que “en México, el crimen organizado ha generado profundas afectaciones en la vida económica, política y social del país, particularmente, a partir de 2007”.
Además, que los grupos de la delincuencia organizada “participan en la producción, trasiego y comercialización de drogas ilícitas; secuestro y extorsión; trata de personas, reclutamiento forzado y explotación de niños, niñas y adolescentes y personas migrantes; robo de hidrocarburos” y otros ilícitos “que perturban gravemente los derechos y las libertades individuales y colectivas, y erosionan el tejido social”.
Por ello la reforma busca “un nuevo modelo de combate a la delincuencia en general, no sólo al crimen organizado”, e insistió en que no hay militarización, porque es la SSPC –con mando civil– la que “formulará la estrategia de seguridad, los respectivos programas, políticas y acciones”, señaló el vice coordinador de Morena, Leonel Godoy.
Se presentaron un total de 22 reservas de MC, PRI, PAN y Morena.