>> Cada día, más de 150 mujeres en México son víctimas de lesiones o maltratos, señala
Para que mujeres puedan solicitar permisos hasta por tres meses con goce de sueldo cuando sufran de violencia extrema y que otorgarlos sea una obligación de los patrones, Paloma Sánchez Ramos diputada del partido Revolucionario Institucional promueve reformas a las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En su argumentación, resalta que cada día más de 150 mujeres en México son víctimas de lesiones o maltratos. Además, a diario los servicios de emergencia reciben casi mil llamadas de ayuda por alguna forma de violencia y “ninguna de ellas puede, en este momento, pedir en su trabajo que le permitan ausentarse para salir de su entorno de violencia”.
Y debido a que la legislación no contempla que ir a un refugio sea una causa de licencia para el trabajo.
Por ello, la importancia de reformar dichas normas legales, a fin de que mujeres cuenten con mayores herramientas que les ayude a salvar su vida y a salir del círculo de la violencia.
“En este momento, las mexicanas que son víctimas de violencia extrema no tienen derecho a ausentarse con goce de sueldo mientras reciben el tratamiento físico y psicológico apropiado y necesario”.
Sánchez Ramos, explica que el periodo en lograr un trabajo funcional para la recuperación de una víctima es de tres meses de contacto cero con el exterior. Esto les permite crear un entorno adecuado para cambiar la perspectiva de la víctima sobre su vida, la de sus hijos y sus relaciones en torno a la violencia.
“De ahí que, por ejemplo, sin un permiso directo del patrón, cualquier trabajadora se vería imposibilitada de ausentarse por tres meses sin ser despedida”, indica.
La priista, detalla en su iniciativa que los refugios o centros de justicia que funcionan como espacios temporales ofrecen servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema, a fin de que recuperen su autonomía y alcanzar un plan de vida libre de violencia.
Dichos refugios, en su mayoría son operados por organizaciones de la sociedad civil, que reciben recursos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Actualmente, con excepción de Baja California Sur, Colima, Tabasco, Tamaulipas, Sonora y Zacatecas, las demás entidades federativas cuentan con al menos un refugio.
Apunta, que gracias a esos espacios temporales, las mujeres cuentan con una herramienta que les ayuda a encontrar protección, seguridad, hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicios de enfermería, asesoría jurídica y atención psicológica, así como programas que les permiten reeducarse y capacitarse para adquirir habilidades y conocimientos para una nueva vida libre de violencia.