NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La hora cero del proyecto más importante de la 4T ha llegado con la discusión de la reforma eléctrica, con la que busca enterrar la política energética del Pacto por México. Se debate en Parlamento Abierto en el Congreso, entre cúpulas empresariales, en los medios y con el gobierno de EU, sobre un tono apocalíptico para la economía y el país. Las amenazas y los riesgos han sido ampliamente estimados, pero el Presidente está decidido a lograr su sueño de reordenar el mercado eléctrico, y heredar el costo a los que vengan después.
López Obrador lo ha intentado todo por sacar adelante su modelo energético como si el destino del país dependiera de la electricidad o el sello de su gobierno. Primero canceló nuevos permisos a particulares, a los que acusa de beneficiarse de subsidios y de la corrupción de la apertura del sector con la reforma de 2013. Luego impulsó la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, inhabilitada por amparos en la Corte. Y ahora una reforma constitucional para retomar el control del sistema eléctrico, a través de la CFE, por considerar que está a merced de intereses extranjeros.
La reforma eléctrica podría marcar un cambio importante con la inversión extranjera, en la experiencia del país en el arbitraje internacional y en la cooperación con EU. Pero se equivocarían quienes piensen que eso es suficiente para frenar el proyecto. EU, a través de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, ha expresado con claridad “preocupaciones reales” por su impacto negativo, pero de modo constructivo para cuidar su relación con México por entender que la confrontación es poco eficaz. Las ventanas de la negociación están abiertas para calmar a los empresarios estadunidenses con acuerdos caso por caso –como le ofreció López Obrador– y reducir dudas de EU sobre los obstáculos que abriría a la cooperación energética.
A pesar de esto, la reforma será uno de los puntos de mayor fricción con EU y abrirá controversias en el T–MEC y demandas muy costosas en paneles internacionales, además de mayor retraimiento de inversión. Pero EU también trabaja con una perspectiva geopolítica enfocada en la competitividad de América del Norte y prefiere enfocarse en avanzar hacia una “asociación” con México en energías limpias, como ofreció Granholm. Eso pasa por garantizar primero la protección de intereses de sus empresarios en México como exigen congresistas al gobierno de Biden.
La reforma está aún en el aire debido a falta de apoyo legislativo interno, pero la posición de EU es importante por las implicaciones para el futuro de la región y la imagen de México en un mundo que gira hacia energías limpias. Los costos económicos y medioambientales, sin embargo, son de largo plazo y, por tanto, ya no le caerían a la actual administración. Si se aprobara y comenzarán a correr las demandas, no sería hasta final de 2022 que llegarían a tribunales y luego podrían tardar hasta 3 años en resolverse. El próximo gobierno tendría que lidiar con ellas –que algunos estiman 20 veces superiores a la inversión extranjera en el sector–, u ofrecer nuevas negociaciones a los demandantes.
Pero todos estos costos son poco escuchados en el diálogo de sordos en que trascurre el Parlamento Abierto en el Congreso. La campaña contra la reforma predice un cataclismo para la anémica economía mexicana con la electricidad más sucia y cara, pero desdeña la crítica oficial sobre abusos en el sector y la exigencia de “autosuficiencia energética” que también preocupa a otros comenzando por EU. Del otro lado, la 4T se envuelve en el combate a la corrupción como tabla de salvación para la maltrecha CFE y evitar desabasto de electricidad como ocurre incluso en regiones que ya transitan a energías limpias. Y desecha los costos de anclar el desarrollo a fuentes fósiles al reducir cualquier crítica al interés de empresarios “reverendos ladrones” que buscan beneficiarse.
La confrontación de posturas, aparentemente irreconciliables, tendrá que abrir espacio a la negociación para sumar votos del PRI, que ya ha advertido que no pasará sin cambios. Pero otra vez el enfoque está en los costes de corto plazo, por ejemplo, electorales, pero muy alejada de las perspectivas de futuro frente a una transición energética en el mundo que va más allá de los gobiernos.