NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Los gobiernos de la 4T han jugado con fuego al permitirse el deterioro del sistema de salud. La crisis ahora se refleja en conflictos laborales y en el malestar empresarial por el aumento de las cuotas del IMSS, sin mejoras visibles en la atención ni en el abasto de medicamentos. La falta de resultados amenaza con agravar la percepción de fragilidad del cuadro económico del gobierno para 2027. Las demandas salariales coinciden con falta de insumos y fallas operativas denunciadas por trabajadores y usuarios. Pese al aumento de las aportaciones patronales y de los ingresos tras la reforma a la Ley del Seguro Social del 2020, los empresarios cuestionan el destino de los recursos y mejoras en infraestructura, equipamiento y servicios.
El conflicto rebasa la negociación salarial: expone problemas estructurales de la sanidad pública por el envejecimiento de la población, el costo de la atención y fallas en la política pública de fármacos desde el sexenio anterior. La elevada carga de las pensiones y nómina presiona el presupuesto y limita la inversión. Pero la cuestión no es sólo cuánto ingresa, sino cómo se administra y qué resultados produce. “Si hay corrupción, no hay resultados”, admite Sheinbaum.
La inconformidad también refleja diferencias más profundas con los empresarios sobre la política fiscal y salarial de la 4T. Estos temen asumir la mayor parte de las cargas para reducir el déficit público en 2027 y mayores costos laborales por el aumento del salario mínimo. Además de dudar de que aun así los ingresos sean insuficientes para hacer frente a los compromisos del gobierno, al tiempo que la Presidenta defiende su modelo. El desacuerdo alimenta sus críticas al modelo de la 4T, pese al diálogo más estrecho con Sheinbaum. La patronal cuestiona el aumento de sus aportaciones al IMSS y falta de claridad sobre su uso, aunque más de 80% del presupuesto se destina a pensiones y nómina. Desde 2018, los ingresos del IMSS aumentaron 87%, de 803 mil millones a 1.5 billones, impulsados por un alza de 12.5% en los trabajadores registrados, mayores cuotas patronales, recuperación salarial y la formalización del empleo. Sin embargo, persisten dudas sobre la solvencia y la calidad del servicio.
Mas allá del IMSS, el conflicto expresa presiones presupuestarias que afectan al conjunto de la seguridad social y profundiza desacuerdos sobre la carga fiscal y salarial. El consenso enfrenta una dura prueba: financiar la seguridad social, elevar los salarios y sostener los servicios sin presionar más a las empresas, cuyas cuotas seguirán elevándose hasta 2030. La Presidenta ha reconocido que persisten problemas en el sistema de salud, pero rechaza que haya una crisis, aunque admite burocratismo y corrupción en el acceso a medicinas. Pero presentarlo solo como un problema de gestión, que no ha podido resolverse desde hace siete años cuando la 4T cambió el modelo, abre el riesgo de dejar de ver las protestas como una señal de desgaste del pacto social con la 4T.
Sheinbaum defiende los programas sociales y la redistribución de la riqueza, y atribuye la inconformidad empresarial a la defensa de las ganancias. La patronal, en cambio, es reticente a asumir la elevación de su carga impositiva y cuestiona la eficiencia del gasto ante el deterioro de los servicios de salud como en el IMSS. En el fondo vuelve a crecer la percepción de que el cuadro económico se descomponga en 2027 por bajo crecimiento y mayor peso de la deuda. Por lo pronto, los desacuerdos crecen sobre su manejo y el reparto de las cargas de la recaudación: se reabren discusiones sobre el modelo económico de la 4T y la necesidad de una reforma fiscal.
La presión fiscal prevista para 2027 puede tensar aún más la relación. El riesgo para Sheinbaum es que las mayores aportaciones no mejoren los servicios, los aumentos salariales no reduzcan el malestar y las empresas sientan que pagan más sin obtener resultados. Cuando quienes financian el sistema cuestionan el destino de los recursos y quienes dependen de él denuncian sus carencias, el problema se convierte en una crisis de confianza. Por eso el conflicto del IMSS advierte sobre el costo social y político de prolongar las deficiencias de la salud pública. Si el gobierno no logra corregirlas, el malestar puede erosionar uno de los pilares de su legitimidad: la promesa de la 4T de mejorar las condiciones de vida.
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