Crear una nueva ley general de contrataciones públicas que combata la corrupción y colusión en las licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios, propone la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, propuso a diputados federales.
Durante su participación en uno de los foros sobre el contenido del Plan Nacional de Desarrollo que organiza la Cámara de Diputados, la funcionaria dijo que desde hace varios años Cofece ha detectado colusión y verdaderas conductas corruptas por sobre precios y falta de trasparencia y pulcritud en las compras de gobierno sobre todo en el sector salud.
Por ello, se ha sancionado con 113 millones de pesos de multas a cinco empresas distribuidoras de materiales de curación como guantes de latex, sondas y condones y 7 personas físicas por simular competencia, pues los proveedores se ponían de acuerdo para participar o no en las licitaciones, y para fijar precios de los medicamentos, conducta ilícita que ha generado pérdidas millonarias al Estado mexicano por 177 millones de pesos
Palacios Prieto, dijo que casualmente las empresas proveedoras de medicamentos y materiales curativos al gobierno, son las que más han sido sancionadas por sobornar a servidores públicos, pero siguen siendo contratadas, frente a ello, urgió a los legisladores a hacer más estricta la ley de compras de gobierno para inhabilitarlas y ya no puedan vender al gobierno sus productos a precios altísimos .
A su vez, el titular de la Auditoria Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, coincidió en la necesidad de una ley de compras y hacer más eficaces las sanciones los servidores públicos involucrados en corrupción, debido a que la Secretaria de la Función Pública recibe los reportes de las irregularidades, pero no se observan los castigos ejemplares que deben aplicarse por esa conductas ilegales.
Colmenares Paramo, señaló que la corrupción gubernamental afecta la imagen del país en el exterior, inhibe la inversión privada, se incrementan los costos y se limita la incursión de nuevos competidores como pequeñas y medianas empresas.
Enfatizó que la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público tiene “muchas salidas para hacer trampa”, sobre todo en la parte técnica.