Preparadas las autoridades electorales (INE y TEPJF) para la elección más grande en la historia del país del próximo 6 de junio e iniciar el periodo post votación.
Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 29 mil 305 candidatos terminaron su proselitismo para cargos de diputaciones federales y locales, gubernaturas, alcaldías, juntas municipales, primeras concejalías de ayuntamiento, sindicaturas y regidurías.
A partir de hoy, inicia la veda electoral; es decir cualquier propaganda o publicidad, así como encuestas están prohibidas durante tres días, tiempo en que el electorado reflexionara sobre a quien darle su voto, ante lo cual el INE llamó a partidos, candidatos y gobiernos a respetar este periodo de silencio.
A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se dijo listo para la etapa postelectoral, donde resolverá los juicios derivados de los resultados del próximo domingo.
Al respecto, el magistrado presidente José Luis Vargas, reconoció que en el actual proceso electoral se ha registrado una radicalización por parte de los actores políticos, por lo que exhortó a los juzgadores a no entrar en debates, “somos tramitadores de la legitimidad de los representantes populares que la ciudadanía elige”, les recordó.
Refirió que el TEPJF ha recibido siete mil asuntos relacionados con el proceso electoral y de acuerdo a ejercicio estadísticos esperan recibir entre 25 y 32 mil asuntos, dependiendo de la litigiosidad de los resultados del próximo domingo. Al tiempo que resaltó que los órganos jurisdiccionales deben tomar decisiones conforme a Derecho.
Por su parte, Luis Espíndola, magistrado de la Sala Regional Especializada, les aseguró a los ciudadanos, que pueden votar en libertad, porque las autoridades judiciales electorales están listas para hacer valer la voluntad de los votantes y resolver los asuntos que se deriven de la jornada del próximo 6 de junio.
Por cierto, de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electoral, se le impondrán “quinientos a mil días de multa y prisión de cuatro a nueve años, al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición”.
Al respecto, la sentencia de la Sala Especializada indica que el Presidente “difundió propaganda gubernamental personalizada en periodo prohibido y utilizó indebidamente recursos públicos”; sin embargo, el jefe del Ejecutivo goza de inmunidad porque “nuestra Constitución contempla un régimen especial para sancionarlo, el cual sólo es aplicable en el caso relacionado con ilícitos penales.
A diferencia de cualquier funcionario público que obtendría entre cuatro y nueve años de prisión por utilizar recursos públicos para intervenir en las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador puede quedar impune tras sus reiteradas intromisiones.
La sentencia de la Sala Regional Especializada -SER-PSC-59/2021- sobre la violación a la Constitución a causa de la transmisión de su Informe por los 100 días del Tercer Año de Gobierno, marca la pauta de la conducta del mandatario durante los actuales comicios.
Las denuncias electorales contra el mandatario nacional por su intervención en las elecciones serán resueltas en última instancia por la Sala Superior del TEPJF, sin una fecha límite.
Como antecedente, en los comicios presidenciales 2012, el tribunal determinó que Felipe Calderón se entrometió de forma ilegal en el proceso y utilizó recursos públicos al enviar cartas personalizadas a contribuyentes a través del SAT, pero por la inmunidad del Ejecutivo, sólo se dio vista al Órgano Interno de la Presidencia sin mayores consecuencias.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó suspender la difusión de las conferencias matutinas del Presidente, del 5, 6 y 7 de mayo por constituir una intromisión a los procesos electorales, prohibida por los artículos 41 y 134 constitucionales. La queja fue presentada por Movimiento Ciudadano y su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García.