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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El pleito por la reforma electoral genera un doble clima de opinión pública que expresa la creciente polarización del país. Ocurrió antes con la división sobre la reforma militar, pero la disputa por el INE es aún más explosiva por socavar los consensos políticos en que han descansado las elecciones libres y creíbles. La aprobación de una reforma sin acuerdos abre el terreno para jugar con la desobediencia de las reglas electorales y la aceptación de los resultados de los comicios presidenciales de 2024.

La confrontación en torno al futuro del INE crece como uno de los peores presagios para la legitimidad de una elección en la que el Presidente está metido de lleno para asegurar la continuidad de su proyecto. Su iniciativa para transformar de fondo el INE es una de las decisiones más peligrosas de su gobierno por usar el apoyo social como arma arrojadiza contra el entendimiento político o, en caso de no pasar, conservar la bandera del fraude.

Durante años, López Obrador ha denunciado elecciones fraudulentas, a pesar de los ingentes recursos para conjurarlo. Pero el riesgo de la reforma no es reconocer las deficiencias del sistema electoral, sino querer hacerlo a partir de imponer verdades objetivas e indiscutibles, como asegurar que el INE es corrupto y controlado por sus enemigos “conservadores”. El método de elección de consejeros por “cuotas” partidistas incluye a identificados con su partido y la idea de elección popular no elimina el riesgo de un INE capturado ahora por el poder Ejecutivo.

Por eso el objetivo más bien parece dinamitar la política de consensos partidistas como eje de la democratización, aunque también es cierto, ninguna de las sucesivas reformas ha conseguido extirpar el cáncer de la desconfianza que ha legado una democracia cara y de baja calidad. Así lo admite el propio INE en su Informe País 2020, al constatar que 27% de los encuestados desconoce qué es la democracia o la creencia de 80% de ellos acerca de que las elecciones se ganan con la compra de votos de los gobiernos para los partidos.

Los responsables del INE y del TEPF llaman en los corrillos “regresiva” a la reforma por abrir paso al regreso a un sistema monopartidista. No lo dicen públicamente por temor a la confrontación y represalias presupuestales. Pero la Iglesia, cúpulas empresariales y diversas ONG comparten su postura en el “polo” del rechazo a la propuesta. El bloque opositor crece y lanza una defensa en redes y manifestaciones en la calle, aunque ahí la mayoría —según una encuesta del INE— respalda una reforma para sustituirlo, disminuir el dinero a los partidos y a la política, así como la elección de los nuevos consejeros por voto directo de la gente.

Pero la política no puede radicar en blandir encuestas para coaccionar a los opositores, sino en la negociación y el acuerdo para evitar que la polarización barra con un sistema electoral que también la opinión pública reconoce funciona bien. Nada impediría cambiar lo necesario de lo existente en pos de lo posible si no fuera porque, paradójicamente, es un tema que divide y tensa a la sociedad hasta el punto de arriesgar la gobernabilidad en los próximos años.

Sin duda, el mayor peligro de la reforma es que, a un año de iniciar el periodo electoral, no hay condiciones para hacerla, aunque se requiera. La famosa grieta de credibilidad que nos acompaña desde la primera elección competida del siglo pasado puede transformarse rápidamente en un abismo. La ciénega de ataques de todo tipo, advertencias y amenazas, declaraciones sesgadas y hasta falacias, pueden tragarse verdades que nunca son irresistiblemente ciertas. No hay ninguna razón objetiva para que el sistema electoral no pueda ser de otra manera, pero tampoco para conservarlo como hoy existe. Pero lo que sí es necesario es no prescindir de los testigos que recuerden los avatares de la democratización y el peligro de arriesgarla para alimentar la polarización.

La reforma está teñida de juicios valorativos, así podemos hablar de “renovar o exterminar” para referirnos a la injusticia o la justicia de reducir el costo del INE y los partidos, o bien, para alertar sobre la pretensión del partido oficial a perpetuarse. Pero de lo que no podemos prescindir en una reforma electoral es de consensos, porque conduciría a profundizar la división y agravar el enfrentamiento hacia 2024.