Al reconocer la necesidad de combatir la defraudación fiscal contra el Estado Mexicano, la líder parlamentaria del PRD, Verónica Juárez Piña rechazó la reforma a diversas leyes contra la facturación falsa porque en realidad da paso a que el gobierno utilice el terrorismo fiscal de manera arbitraria e infame contra la ciudadanía.
Al posicionar al Partido del Sol Azteca durante la discusión y votación de la reforma a las leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como a los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, la dirigente perredista calificó estos cambios como violatorios de la Constitución y los Derechos Humanos.
Enfatizó que su bancada apoya el procesamiento y sanción de cualquier individuo que, utilizando facturas falsas, trate de eludir el pago de los impuestos que todas y todos debemos aportar en beneficio del país.
Sin embargo, la reforma propuesta e impuesta por el gobierno, Morena y sus aliados violenta el principio constitucional de presunción de inocencia porque, por la pura sospecha de que alguien es evasor y sin garantía ni posibilidad de aclarar su situación, puede ser encarcelado y despojado de sus bienes.
Es decir, a quien esté bajo sospecha se le aplicará de manera inmediata la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio.
“Lo hemos señalado en ocasiones anteriores: el respeto al derecho fundamental de la presunción de inocencia se encuentra condicionado a asegurar que las personas acusadas de la comisión de un delito permanezcan en libertad mientras se lleva su proceso, hasta que no se demuestre su culpabilidad y su responsabilidad”, puntualizó.
Sin embargo, esta reforma tramposamente “da la vuelta” al artículo 19 de la Constitución y establece una nueva regla para normalizar la prisión preventiva, cuando ésta debiera ser excepcional.
Algo similar sucede en cuanto a la extinción de dominio que recientemente impuso el mismo grupo mayoritario en el Congreso de la Unión y que se aplicaría, en este caso, a los presuntos evasores, ya que el gobierno puede despojar de sus bienes a cualquiera bajo sospecha y venderlos antes de que sea declarado culpable o inocente, caso este último en el cual será el ciudadano quien, en todo caso, deberá demostrar que actuó de buena fe.
“Es menester indicar que, debido las características que quieren atribuirle a la defraudación fiscal, la persona procesada no podrá obtener una suspensión provisional de las medidas ni tampoco llegar a un acuerdo reparatorio, que le posibilite regularizar su situación. Esto es, el ciudadano se encuentra en total indefensión”, advirtió la líder perredista.
Adicionalmente –continuó-, al considerarse la defraudación fiscal una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno podrá intervenir comunicaciones privadas, solicitar el encarcelamiento de los presuntos responsables, despojarlos de sus bienes y esconder la información.
Es decir, es la arbitrariedad y la infamia que, a manera de terrorismo fiscal, aplica el gobierno contra los ciudadanos.
Juárez Piña reconoció que el gobierno tiene problemas de recaudación, entre otras causas, por la misma crisis económica que el gobierno niega, pero esta reforma no hace más que ahuyentar la inversión nacional y extranjera que dificulta la superación de esa crisis y el consiguiente pago de contribuciones.
Por todo lo anterior, su grupo parlamentario rechazó dicha reforma.
Sobre este mismo tema, el diputado de Encuentro Social, Iván Pérez Negrón afirmó que la defraudación fiscal terminará cuando haya defraudadores cumpliendo penas y solo las cumplirán con las normas correctas.
“Debemos ser claros, la defraudación fiscal no es un delito de delincuencia organizada, sí es un delito que está causando daños, pero no lo podemos tipificar así”, acotó.
Los legisladores del PES, dijo están convencidos que el presidente sí quiere una reforma para terminar con esta práctica de defraudación fiscal, pero no quiere una reforma como la presentada por el Senado.
Tengamos una visión más allá de nuestros actos y nuestras decisiones; aprobar como va la reforma no inhibirá el uso de facturas falsas, acotaron los legisladores federales.
A su vez; Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aclaró que la reforma en materia de facturación falsa y empresas fantasma, no sancionará a los contribuyentes honestos que cumplen con sus obligaciones fiscales ni a los que por error o por un descuido registren una factura apócrifa.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que con esta reforma sólo se sancionará a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas, de ninguna manera se pretende criminalizar al empresario, sino protegerlo de las prácticas desleales que atentan contra la sana competencia.
“Hoy se va a aprobar las iniciativas que van a cerrarle la puerta, van a terminar con el huachicoleo fiscal. Todos estos grandes negocios que se han hecho a través de empresas fantasma, de facturación falsa, hoy se va a cambiar el marco jurídico para no permitirlo”, dijo.
Señaló que se ha tratado de confundir a la gente metiéndole miedo diciéndole que si comete algún error en su contabilidad o si de repente se le coló alguna factura falsa, va a ir a la cárcel, pero esto no es así.
“Cuando haya buena fe y haya sido un error de un contribuyente, no es un delito que amerite prisión”, subrayó.
La prisión preventiva, dijo, será para aquellos que se organizan y planean para defraudar al fisco sistemáticamente aquellas empresas que no tienen empleados, que el representante legal no se localiza, o tienen un domicilio falso y se dedican única y exclusivamente a defraudar al fisco, eso será delincuencia organizada y es además un delito de seguridad nacional.
Asimismo, destacó que con esta reforma, la autoridad fiscal vuelve a tomar el control y ahora sí va a hacer que se cumpla la ley y que todos paguemos los impuestos que nos corresponden.
“En los últimos años, ni el SAT ni el Gobierno tenían a autoridad, tenían el control, no se les respetaba, había grandes despachos haciendo negocios alrededor de los impuestos y provocaban una gran defraudación”, apuntó.
El legislador acotó que por lo menos dos puntos del PIB, casi 500 mil millones de pesos, han venido defraudando en los últimos años, “es una cantidad de recursos muy considerable y en el fondo lo que está haciendo esta iniciativa es recuperar la autoridad fiscal del Gobierno”.