Llama la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ana Lilia Herrera Anzaldo a los integrantes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos dictaminar la iniciativa que reforma el Código Penal Federal, en materia de gestión de riesgos, a fin de inhibir la construcción de inmuebles irregulares.
En conferencia de prensa, la senadora priista explicó que su propuesta busca imponer una pena de dos a 10 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien realice edificaciones sin la autorización debida, y que se inhabilite a funcionarios que los permitan.
Dijo que frente a la pérdida de cientos de vidas y la afectación de infraestructura en diversos estados de la República, es urgente legislar al respecto.
“Nuestro trabajo como legisladores nos obliga a no demorar más tiempo aquellas decisiones que pueden contribuir a que todos vivamos en un entorno mucho más seguro y de respeto por la ley. es urgente –si me permiten la expresión– ponerle dientes a una planeación ordenada y sustentable de los asentamientos humanos; pues es, sin lugar a dudas y con mucho dolor lo hemos visto en los últimos días, un asunto de vida o muerte…
“Tenemos hoy los legisladores en nuestras manos, la enorme responsabilidad de que sea la ley la que inhiba malas prácticas en materia de construcción y de regularización de los asentamientos humanos”, señaló.
La legisladora del PRI refirió que 3 mil edificios en la Ciudad de México resultaron severamente dañados y se ha detectado que cuatro de ellos eran de reciente construcción, tres más fueron remodelados sin cumplir con la norma ni considerar los estándares requeridos para una zona lacustre de alta sismicidad.
Aseguró que las empresas o particulares que construyeron edificios en los últimos 20 años y que se colapsaron, o que fueron afectados por los sismos, tendrán que asumir las consecuencias, pues “es posible que no hayan cumplido con la normatividad vigente”.
Insistió en la obligación de erradicar la omisión y corrupción en cada uno de los ámbitos de gobierno, pero también en lo que toca a las personas “necesitamos entender que es un servidor público el que otorga un permiso, es un servidor público el que no cumple con las revisiones correspondientes o es un particular el que no respeta las normas de construcción”, subrayó.
Herrera Anzaldo, apuntó que queda pendiente sancionar a los funcionarios y también a las constructoras que incumplan con la legislación en la materia; “tenemos que revertir, desde un marco legal firme y ejemplar, los efectos nocivos que ha tenido el que sólo existan sanciones administrativas.
«Las empresas o particulares que construyeron edificios en los últimos 20 años y que se colapsaron o fueron afectados por el sismo de la semana pasada, tendrán que asumir las consecuencias porque es posible que no hayan cumplido con la normatividad vigente. hoy hago una excitativa a las comisiones correspondientes, queda pendiente hacer exigible y sancionar a los funcionarios pero también a las constructoras que incumplan con la legislación en la materia. En el Poder Legislativo, requerimos actuar con firmeza. Requerimos que la ley castigue la corrupción, pero también castigue la omisión. Acabar con el lastre de impunidad en esta materia, que ha cobrado cientos de vidas».
E insistió «tenemos que asumir nuestra responsabilidad para revertir desde un marco legal firme y ejemplar los efectos nocivos que han traído como consecuencia que hoy sólo existan sanciones administrativas en la materia».