Porque bastaría un meme, una parodia digital o que cualquier extranjero se pronuncie o publique un video pidiendo el voto por la oposición —incluso sin consentimiento del candidato— para judicializar una elección y provocar que alguien pierda en la mesa lo que ganó en las urnas.
Y —aunque parezca uno de esos chistes malos que terminan convertidos en decreto— el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma contra los narcocandidatos para que los partidos políticos sigan el ejemplo de pureza electoral de Morena.
Sí: el mismo movimiento que ha coleccionado candidatos y funcionarios impresentables ahora pretende repartir certificados de buena conducta.
¿De qué trata todo esto? De un paquete de reformas político-electorales que la Presidencia y sus operadores legislativos —con el diputado Ricardo Monreal como uno de los principales trompos en la pista— pretenden sacar en un periodo extraordinario esta misma semana.
La primera propuesta es una iniciativa que permitiría anular elecciones federales y locales por intervención extranjera. El autor, con el aval presidencial, es el diputado Monreal, quien plantea modificaciones al artículo 41 de la Constitución y a la legislación secundaria.
Adiciona una nueva causal de anulación: cuando exista “intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
Aquí surge una pregunta: ¿Morena dejará de recurrir a la asesoría electoral y legislativa de extranjeros, como lo hace desde 2018 con el español Abraham Mendieta, a quien incluso le apodan el “senador 129”?
En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Monreal precisa que una elección federal o local se anulará cuando exista prueba plena y fehaciente de injerencia extranjera mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital.
Surgen más preguntas: ¿Y si un influencer ligado al oficialismo difunde contenidos digitales para perjudicar a un candidato de oposición? ¿Qué va a pasar cuando los medios en México repliquen mensajes provenientes del extranjero que señalan a morenistas por presuntas ligas con el narco? ¿También los van a sancionar?
Otras causas que propone el coordinador de Morena en San Lázaro para anular una elección, son las siguientes: por la intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos o autoridades electorales.
Y por la vulneración del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de presión, intimidación o afectación al orden constitucional.
¿Qué información tiene Monreal y el oficialismo sobre una invasión extranjera? ¿Es tanto su miedo de que vengan por alguno de los suyos acusados de vínculos con el crimen que se quieren blindar por todos lados para no entregar la plaza electoral?
El problema no es combatir una intervención real desde otro país —algo que cualquier democracia seria debe cuidar—, sino la vaguedad de los conceptos en la iniciativa monrealista que está generando una enorme preocupación.
Porque en las causas de anulación que propone la iniciativa cabría casi todo: desde el posicionamiento de un actor internacional hasta una publicación en redes sociales, un video viral o la opinión de un extranjero sobre la elección mexicana.
Es decir, se abriría la puerta para judicializar los resultados electorales después de la jornada y resolver disputas con criterios políticos, no necesariamente jurídicos.
¿Y quién resolverá al final? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un organismo colonizado por Morena que se negó a anular la elección judicial aun cuando los propios magistrados tuvieron en sus manos los acordeones que se usaron para inducir el voto a favor de determinados juzgadores.
La segunda propuesta –con hechura de Palacio Nacional- es una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el Instituto Nacional Electoral (INE) cree la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas para revisar perfiles y evitar que los partidos postulen candidatos ligados al crimen.
Suena muy bien porque nadie quiere a criminales como candidatos ni ejerciendo posteriormente un cargo público. Y porque cada vez son más los detenidos por vínculos con los grupos delincuenciales.
Entre 2024 y 2026 se han registrado detenciones de alcaldes y exalcaldes en al menos diez entidades del país. Los estados con mayor número de casos son Estado de México, Jalisco, Chiapas, Morelos y Puebla, donde operativos como la “Operación Enjambre” ha llevado a la detención de más de una decena de ediles.
“La iniciativa tiene el objetivo de que lo que hace Morena con sus candidatos se institucionalice para todos los partidos políticos”, dijo en una de sus conferencias mañaneras la presidenta Sheinbaum. ¿Fue broma?
La propuesta también ha dividido el espectro político porque aun cuando hay un reconocimiento generalizado a la necesidad de frenar la postulación de narcocandidatos, opositores al régimen advierten que la Comisión debe ser apartidista y no manipulable por el gobierno.
Porque si aparece un candidato altamente competitivo, bastará con acusarlo de nexos con la delincuencia para impedirle competir. Y después de la elección quizá llegue el clásico: “usted disculpe, no encontramos nada”.
Y ahí comienza el verdadero juego de la pirinola: un gobierno que ya concentra poder e influencia sobre los organismos electorales ahora quiere ampliar las herramientas para decidir quién compite, quién sobrevive y quién pierde en la mesa lo que ganó en las urnas.
La pirinola, entonces, vendría marcada desde Palacio: todos ponen… menos Morena.
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Vía @LineaPoliticaMX
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