La diputada federal del PRD, Laura Lynn Fernández Piña, presentó un Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Gobernación (por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad para la defensa de los mismos), a hacer públicas las acciones y resultados obtenidos en la aplicación del “Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, creado en 2012.
La solicitud abarca los delitos y agresiones cometidos contra periodistas durante el periodo del 1 de diciembre de 2018 a diciembre del 2022; que es el correspondiente al gobierno en turno.
El Punto de Acuerdo plantea asimismo a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez; y a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, a cargo de Enrique Irazoque Palazuelos, hagan pública la información relacionada con la aplicación de los recursos del ‘Fideicomiso 10232 del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’ (hoy, Fideicomiso del Fondo para la Protección), así como el número de personas respaldadas.
Pide además a Encinas Rodríguez y a Enrique Irazoque, crear políticas públicas actualizadas al contexto nacional y se revise el protocolo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos y vida de periodistas en legítimo ejercicio de la garantía individual de la libertad de expresión que avala nuestra Constitución política en los artículos 6o y 7o.
La legisladora federal aseveró que este llamado se hace en razón de que dicho mecanismo ha demostrado su pérdida de eficiencia, luego de darse casos donde periodistas y activistas fueron asesinados pese a contar con el respaldo del Mecanismo, por lo que resulta fundamental que, de inmediato, se revisen los protocolos para garantizar no solo la protección de los derechos humanos, sino la vida misma de las y los involucrados.
“Dicho Mecanismo fue creado con el objeto de implementar y operar las medidas de prevención, protección y de carácter urgente que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, en el ejercicio de sus labores en pro de la defensa de sus derechos y de la libertad de expresión”, recordó la legisladora quien, no obstante, evidenció el nulo funcionamiento del mismo cuando periodistas como Rubén Pat Cauich y José Guadalupe Chan (2018), y Francisco Romero (2019) fueron asesinados en Quintana Roo pese a haber estado bajo resguardo del citado dispositivo.
Y como ellos –citó- muchos otros en diversas entidades del país, lo que ratifica que el ejercicio del periodismo en México, se ha vuelto muy peligroso. No omito señalar –añadió Fernández Piña- el intento de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva, cuya camioneta contuvo los impactos de bala, cuando el comunicador conducía rumbo a su domicilio en la Ciudad de México.
Afortunadamente, añadió, solo quedó en intento gracias a que el vehículo contaba con blindaje. “Él ha señalado que no tiene enemigos personales, ni conflictos que pudieran motivar el ataque, ni había recibido amenazas, por lo que se puede considerar que quisieron matarlo por su trabajo periodístico”, sugirió.
Este caso –recalcó la legisladora quintanarroense- no es distinto a los delitos cometidos en contra de todos los periodistas que han sido amenazados, secuestrados y hasta asesinados. Lo preocupante es que siguen ocurriendo y no parece haber indicios de que se detengan, se investiguen, persigan y erradiquen, refutó.
“No omito señalar que la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que México, con 11 asesinatos de periodistas en 2022, llegó a su cuarto año consecutivo como el país que, sin tener una guerra, registra la cifra más letal de informadores asesinados en el mundo, incluso por arriba de Ucrania”.
“Desde 2018, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, no ha publicado información relacionada con el uso, aplicación y ejecución de los recursos del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por medio del ahora llamado Fideicomiso del Fondo para la Protección, por lo que resulta de suma importancia –insistió- que, de forma inmediata, se dé a conocer esta información”.
Derivado de lo anterior, podemos –finalizó- concluir que aún falta mucho por hacer para garantizar los derechos humanos y la vida de periodistas ya que, a pesar de que existen denuncias y evidencias, la presente administración ha incumplido su obligación de salvaguardar el derecho fundamental a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remató.