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A dos días del asesinado del periodista Ernesto Méndez Pérez, ocurrido en San Luis de La Paz, Guanajuato, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que “ya hay avances en la investigación”.

Sin abundar al respecto, el funcionario, dijo que entre las líneas se indaga en la relación del homicidio del comunicador con el anuncio que dio un día antes de su muerte, que había obtenido la concesión para organizar la feria de San Luis de la Paz.

Mejía Berdeja, dijo que es lamentable el asesinato del periodista, el cual se suma a una lista de 11 homicidios contra comunicadores en todo el país, en lo que va del 2022.

Sobre este asunto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) activó la alerta 6, que tiene como fin instrumentar acciones de protección coordinadas en este caso para atender el asesinato del periodista y director del medio informativo Tu Voz, con lo cual da vista a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que conozca del hecho e implemente las medidas de su competencia.

El organismo también solicitó la atención del caso al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, y pidió a las autoridades responsables del estado de Guanajuato que realicen una investigación diligente respecto a este asesinato, sin omitir ninguna línea de investigación, y considerando la actividad periodística de la víctima como uno de los posibles móviles del atentado.

En un comunicado, repudió los hechos de violencia en contra de los periodistas, “subrayando que la prevención de las agresiones parte de una oportuna y diligente investigación de los delitos cometidos en su perjuicio, así como de la sanción a quienes cometen esas violaciones”.

Reiteró la necesidad de una política integral donde participen autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto construyendo un esquema que garantice el ejercicio pleno de la libertad, el acceso a la justicia y a las garantías de no repetición.

Dijo que es necesario abordar la problemática de manera integral, tomando en cuenta la regionalización de cada situación o problema buscando crear otra clase de medios y de instrumentos que posibiliten cumplir cabalmente con el deber del Estado para garantizar la vida, seguridad física e integridad personal y psicoemocional de las personas que sufren ataques en el ejercicio de su libertad de expresión.