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Durante la reunión de trabajo con los recién integrantes del Comité de Participación Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, el senador priista, Héctor Yunes Landa, les invitó a estar presentes en las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de la Fiscalía.

En la reunión, se comprometió a concluir el proceso para la conformación del Sistema y de los sistemas locales, el próximo 19 de julio. Al tiempo, que les informó que invitó a los presidentes de las comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana de los congresos locales, sin distinción de partidos, para orientarlos en la materia y pedirles su apoyo para que los sistemas locales anticorrupción estén establecidos en tiempo y forma en la fecha citada. Actualmente, agregó, 15 congresos estatales han aprobado la Reforma Constitucional.

Al hacer uso de la palabra, la senadora panista, Laura Rojas Hernández, explicó que una de las razones por las que no se llevado a cabo la elección del Fiscal, es porque existe un desequilibrio en el diseño actual de la Fiscalía con el resto de las instituciones que forman parte del Sistema.

Al respecto, el perredista Luis Humberto Fernández Fuentes, destacó que es la primera designación en la que no intervienen otros órganos del Estado mexicano, sino que se realizó mediante una selección ciudadana.

Mientras que priista, María del Rocío Pineda Gochi, consideró que el Sistema Anticorrupción, en parte ya está hecho, pues decir lo contrario, sería desconocer reformas ya realizadas como la de acceso a la información, o a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En torno a este asunto, Jacqueline Peschard Mariscal, presidenta del Comité, destacó que el Senado es una pieza fundamental en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que tiene como encargo el nombramiento de diversos integrantes que lo conforman.

Dijo que frente a las demandas y preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil en materia anticorrupción, se abren canales para atenderles de manera más cercana, ya que la sociedad que se siente agraviada por los actos de corrupción demanda que el Sistema tenga resultados a la brevedad.

Por su parte, Mariclaire Acosta Urquidi precisó que existe un binomio entre los derechos humanos y la corrupción. Quizá, dijo, no todas las violaciones a derechos estén relacionadas con la corrupción, pero todos los actos de este flagelo impactan en los derechos humanos; por lo que, su propósito como miembro del Comité, será construir un acercamiento ente esos dos campos.

La falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones, advirtió, es el principal obstáculo para construir ciudadanía. El reto, puntualizó, es abatir la desconfianza en las autoridades que generó la corrupción e impunidad, esto tiene que ser la trayectoria a seguir.

En tanto, José Octavio López Presa aseguró que el Senado y el Comité deben cambiar la forma en que se elige a los integrantes de todo el Sistema, incluyendo a la ciudadanía.

Los puestos clave, apuntó, como magistrados, jueces, contralores, el fiscal y ministerios públicos, no deben elegirse por dedazo ni en lo oscurito, sino con base a los perfiles claros y por sus méritos y no por favores.

Luis Manuel Pérez de Acha refirió que ya se trabaja en los perfiles posibles de quien podrá ser el secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva; pero consideró que de poco servirá la agenda del Comité, si de la mano con el Senado no se trabaja, para lograr que el Sistema quede plenamente integrado y sea funcional.

Finalmente, Alfonso Hernández Valdez pidió impulsar la instalación de los sistemas estatales anticorrupción, así como abrir canales de comunicación con la Comisión, para establecer el diseño de la política que les compete.