Desde hace varias semanas, el jesuita Javier Ávila, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosydhac) mantenía un diálogo con el gobierno del estado de Chihuahua urgiendo una solución al desplazamiento de una comunidad cercana a Creel, ocupada en su totalidad por una banda delincuencial. Hoy, declara a La Jornada, “rompo ese diálogo, no tiene sentido seguir hablando si no se resuelven los problemas”.
Estos días recientes, en medio del impacto y el dolor por el asesinato de sus hermanos sacerdotes de Cerocahui Javier Campos y Joaquín Mora, recibió la llamada de una madre desesperada. Horas antes de que los hombres de José Noriel El Chueco llegaran a la parroquia donde cometieron el triple homicidio, pasaron por la casa de otra familia con la que habían tenido problemas. Mataron a Raúl Osvaldo Berrellesa (22 años) enfrente de su esposa, secuestraron a su hermano y quemaron la casa.
“Hoy corto cualquier diálogo con el gobierno del estado de Chihuahua, hasta que no aparezcan estos jóvenes. Su madre clama por ellos. Ya pasaron ocho días. A mis hermanos Javier Campos y Joaquín Mora los encontraron en 72 horas y lo agradezco de corazón. Pero a estos muchachos ¿Porqué no? ¿Por qué no salió en la prensa? ¿Porque no fue una bomba internacional como lo de los jesuitas? ¿Quieren colgarse la medallita de que son muy efectivos?”
En los sermones que ha pronunciado en las misas de Chihuahua y Creel, el sábado y ayer domingo, Ávila apeló a la responsabilidad de los gobiernos federal y estatal. Pero después de reflexionar, comenta a este diario, “caí en cuenta de algo que no dije en la misa en Chihuahua. Es sobre la responsabilidad, o la irresponsabilidad del gobierno del estado. Es como una papa caliente, todos se la avientan, voltean para otro lado y nadie acaba por asumir lo que le toca.”
Precisa: “Este gobierno no puede seguir alegando que antes no los buscaban. ¿Dónde está el proceso serio, de búsqueda, que a ellos les corresponde? Es a ellos, a los de ahora, a quienes les exigimos respuestas. Cuánta apatía e indiferencia”.
Poco antes de esta conversación telefónica, frente a la parroquia de Creel, el padre Ávila, conocido como Pato, despidió al cortejo fúnebre con incienso, agua bendita y los giros ceremoniales que se acostumbran en ese universo. Así partieron los dos féretros de los dos sacerdotes –Javier Gallo Campos de 79 años, Joaquín Mora, Morita, de 81—que emprendían el sinuoso camino entre valles, montañas y barrancas hacia Cerocahui.
En el templo de Creel se celebró la nutea, un ritual de despedida. Una pareja de ancianos rarámuri, Jesús Manuel Chu Nel Palma y su esposa les hicieron las últimas recomendaciones a las almas para que no se vayan tristes, para encomendarlos al Onoruame (dios), los animaron a irse con alegría, para que nada los distraiga, que no tengan miedo en el trayecto y que no tropiecen con ninguna piedra. “Es muy raro que los rarámuri lloren. Pero ahí lloramos todos”.
Camino a la parte alta de la Sierra, al cruzar por San Rafael, cabecera municipal de Urique, el convoy se tuvo que detener. La población, los chabochis vestidos de blanco, los rarámuri con su vestimenta tradicional, les salió al paso. Grupos de mujeres representaron las danzas de los pascoleros y los matachines para bendecir a los difuntos. En la sierra Tarahumara, rezar es bailar; se baila para sostener el mundo.
En Cerocahui habrá mas danzas, toda la noche. Y mañana, informa Pato Ávila, seguirá la fiesta, porque es una fiesta. Así, hasta el momento en el que se les de sepultura en el atrio de la iglesia de Cerocahui, ya con los permisos correspondientes del Provincial de la Compañía de Jesús. “Quisimos incinerarlos, para que pudieran llevarse las cenizas a las distintas comunidades que van a querer honrarlos. Pero no se pudo. Hay una investigación penal en curso”.
Sobre su decisión de romper las conversaciones en curso con las autoridades estatales, Ávila explica: “He estado tratando un conflicto muy serio con las autoridades y no he visto ni una respuesta a ningún nivel.
“El nivel municipal es el más ajeno, ignorante y marginado, que cree que nada tiene que ver. ¿Sabes que en muchos municipios –en el mío, Bocoyna, por ejemplo—no hay policía municipal? Y el presidente me dijo que no, que no vas a contratar, porque si los pone se los matan”.
El caso que está en la mesa es el de una comunidad cercana de Creel (no precisa el lugar por razones de seguridad) donde toda la población está desplazada. “Me dicen en el gobierno: va para allá un operativo. Los operativos no bastan, no sirven. Es como soplarle a las moscas para espantarla de un pastel. Uno se da la media vuelta y las moscas regresan. Un operativo no sirve si no se arropa el territorio, si no se protege. En cuanto se retira el operativo los delincuentes regresan a ocupar el espacio. Me llaman las autoridades y me dicen que ya todo está tranquilo. Y no es verdad.
“Me hablan los del pueblo y me dicen: Padre, me urge regresar a mi casa, está abierta, huele mal, está llena de perros. El gobierno estatal responde: vayan a cerrar sus casas. Qué absurdo. Si regresan los matan, que manera tan estúpida de buscar la paz para la gente. Les he propuesto que los operativos estén acompañados por la sociedad civil, que vaya una comisión de las organizaciones para que certifiquen como se hacen los operativos, y darle confianza a la gente. No hacen caso. Así, ningún diálogo tiene sentido ni utilidad. Eso quiero decir. Ya no quiero callar”.
Texto: PERIÓDICO LA JORNADA