Por Adriana Noriega R.
Representantes de 90 mil jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California solicitan a la Cámara de Diputados y al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, atiendan sus demandas laborales y de seguridad social, las cuales, dijeron han sido pisoteadas desde hace más de 30 años.
En conferencia de prensa, los voceros de los trabajadores exigieron a los representantes del Poder Legislativo -diputados- obliguen a los dueños de los ranchos agrícolas a otorgar un salario justo de por lo menos 200 pesos diarios y no las percepciones actuales de 110 ó 120 pesos máximo por 10 horas largas de trabajo.
El vocero nacional y estatal de los jornaleros, Justino Herrera Martínez, advirtió que la organización de trabajadores no darán marcha atrás en sus exigencias y pidió también que en la mesa de diálogo suspendida el pasado 27 de marzo asista un representante de la organización Internacional del Trabajo (OIT) y otro de la Secretaría de Gobernación, para que funjan como testigos de los acuerdos a los que pudieran llegar con los empresarios agrícolas.
Anunció que los Jornaleros del Valle de San Quintín acudirán a las Secretarías de Gobernación, del trabajo y Previsión Social y órganos defensores de los derechos laborales de los trabajadores, hasta que se resuelvan sus peticiones.
Justino Herrera rechazó que detrás de su movimiento haya algún grupo político o guerrillero, ni mucho menos que pertenezcan a un cártel de la droga, como se les ha acusado.
“La única parte de que está detrás de todo esto es la marginación de los trabajadores es una lucha netamente de los trabajadores del campo, no hay ningún grupo político, pues estamos cansados de la política que no nos ha ayudado en nada. Por ello decimos que es urgente que la Cámara de Diputados apruebe leyes que sirvan a los trabajadores del campo y no sólo iniciativas que salvaguarden los intereses de los empresarios o de los grupos de poder», subrayó
Previo a esta rueda de prensa, estuvieron con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, Manlio Fabio Beltrones. En el encuentro, le pidieron al sonorense -13 representantes de los 90 mil jornaleros del Valle de San Quintín- su intervención para establecer una mesa de negociación en la que participen productores, trabajadores y autoridades del gobierno federal y estatal, de tal forma que se resuelvan la problemática que generó un paro de labores en aquella región, desde el 17 de marzo pasado.
A la reunión, en la que estuvieron presentes también los diputados Miguel Alonso Raya y Abraham Correa Acevedo, del PRD; así como Manuel Añorve Baños y Ricardo Medina Fierro, del PRI, Manlio Fabio Beltrones les expresó el interés de la Cámara de Diputados de coadyuvar en la búsqueda de la solución a los diversos planteamientos.
Les comunicó que la respuesta del gobierno ha sido inmediata y que fue enterado que el próximo 24 de abril el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, se trasladará a Baja California, para que, con la participación de las autoridades locales se busque y se dé una solución conjunta a la problemática que enfrentan los jornaleros del Valle de San Quintín.
El político sonorense les precisó que se solicitó al gobierno federal que a esa reunión, el próximo 24 de abril, asistieran funcionarios del Seguro Social, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual permitiría dar una atención y respuesta integral.
El diputado Beltrones reconoció el liderazgo de los representantes, como las demandas de su movimiento y, “por ello, el Congreso de la Unión ha atendido sus planteamientos y ha urgido al gobierno para que disponga lo necesario para escucharlos de viva voz en su lugar de origen”.
Durante ese encuentro Herrera Martínez, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, pidió a los legisladores de la Junta de Coordinación Política su mediación, para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se evite que se cumplan las órdenes de aprehensión que hay en contra de los liderazgos de los jornaleros del Valle de San Quintín, las cuales fueron promovidas por el gobierno estatal.