Por la manera unilateral en que Santiago Creel Miranda, presidente en turno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados decidió retirar del salón de Plenos, a la banda de guerra de la SEDENA, que se encargaría de realizar los honores a la bandera por el inició de los trabajos legislativos en el Congreso de la Unión, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) le hace un extrañamiento por su comportamiento.
Por medio de un comunicado los integrantes de ese órgano manifiestan: “El Presidente invitó al Ejército mexicano a la ceremonia de instalación del Congreso y no tuvo el cuidado de garantizar la correcta observancia de la norma interna del Congreso. La escolta del Ejército mexicano ingresó armada al Recinto Legislativo de San Lázaro. El artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone que “el Recinto es el conjunto arquitectónico que alberga la Cámara, incluyendo Salón de Sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento de la Cámara”.
Agregan que, de manera improvisada, y sin acuerdo con ninguna de las fuerzas políticas representadas en las cámaras legislativas, impuso –Creel Miranda- que se hicieran los honores a la Bandera en el vestíbulo de San Lázaro, argumentando que no podía permitir el ingreso de armas al Recinto.
Los integrantes de la JUCOPO, señalan que en aseveraciones a título personal el presidente –Santiago Creel Miranda- confunde el Recinto Legislativo con el Salón de Plenos; su decisión no consensuada implicó que no se velara por la inviolabilidad de la Cámara de Diputados como lo establece el numeral 2 del artículo 25 del Reglamento. En el artículo 12 de la Ley Orgánica claramente se señala que “los recintos del Congreso y sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso”.
Esto provocó que la sesión del Congreso General se desarrollara de manera accidentada.
Frente a ello, “la Junta de Coordinación Política se pronuncia en contra del atropello de los derechos constitucionales y legales de las legisladoras y legisladores y lamenta que el Presidente de la Cámara haya conducido la sesión vulnerando las prerrogativas que les corresponden”.
Por lo que, le piden que en lo que resta de su mandato se conduzca con pleno apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, haciendo, sobre todo gala, de las disposiciones que establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que debe garantizar la unidad de la Cámara, velar por la inviolabilidad del Congreso, buscar el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara, haciendo prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo”.
En el escrito, la Junta de Coordinación Política reitera su compromiso indeclinable por promover el diálogo y el entendimiento entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, por resolver las diferencias ante los órganos competentes y por evitar mensajes que a título personal ponen en riesgo la institucionalidad, el buen gobierno y la gestión de los asuntos parlamentarios por el bien de nuestra nación.