Número cero/ EXCELSIOR
El intervencionismo nunca ha traído nada bueno a México. Todo lo contrario, deja endurecimiento del poder del Estado para pertrecharse de injerencias, como se advierte de la intención de aprovechar la reforma judicial para introducir cambios muy sensibles en el sistema electoral que, como búmeran, podrían volverse contra la 4T. La escalada de presiones de Trump no sólo encallece el discurso soberanista de Sheinbaum; también ha llevado a Morena y a aliados a buscar legislar, a última hora y en el periodo extraordinario, reformas electorales que en principio estaban destinadas a corregir las fallas del vuelco de la judicial de López Obrador. Esta presión imprime a la agenda del partido gobernante un tono defensivo frente al “extraño enemigo”.
Con los plazos encima para que los cambios electorales apliquen al próximo año, el oficialismo busca ampliar las causales de nulidad para que los tribunales invaliden una elección si detectan indicios de injerencia extranjera, ante el riesgo que Morena ve rumbo a los comicios de 2027. La Presidenta respalda la iniciativa y, además, ha anunciado otras modificaciones para contener la infiltración del crimen en las candidaturas, en respuesta a los ataques de Trump sobre el “narcogobierno” en México; de la que apenas se conoce una presentación en PowerPoint. Esto refleja la prisa del oficialismo por invocar al masiosare con el argumento de defender la soberanía nacional y proteger a la democracia del crimen. Sin embargo, el rechazo de la oposición a estas salvaguardas también podría exponerlo a críticas por impulsar reformas a modo y sin consenso para atrincherarse en el poder.
Es evidente el endurecimiento de la estructura del poder político, así como el riesgo de que las reformas se conviertan en instrumentos de control para judicializar las elecciones, con base en criterios ambiguos sobre una supuesta manipulación del electorado. El proyecto arguye que el sistema actual es insuficiente para conjurar campañas de desinformación y hackeo digital, financiamiento externo o presiones diplomáticas destinadas a trastocar el resultado electoral. Este tipo de acusaciones resulta difícil de probar en la era de democracia algorítmica y plataformas globales, como ocurrió con las denuncias demócratas de 2016 sobre la injerencia rusa en la llegada de Trump a la Casa Blanca. Además, sin definición precisa ni umbral probatorio, abre amplio margen para descalificar señalamientos de organizaciones, observadores e incluso gobiernos extranjeros sobre la limpieza de una elección. ¿Bastarían un informe de la OEA, uno de HR o un artículo de The Washington Post para anular una elección?
La propuesta, y la urgencia por sacarla adelante, evidencian la desconfianza entre Trump y Sheinbaum en uno de los momentos más delicados de la relación bilateral. Para el gobierno y Morena, además, tiene el riesgo de que se interprete como un intento de anular el triunfo de cualquier candidato opositor, como ha advertido el NYT. Eso podría dar nuevo impulso a una oposición desdibujada, dispuesta a relegar la amenaza intervencionista si recupera la posibilidad de volver al poder. La investigación contra Maru Campos por la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, junto a la pasividad ante acusaciones de EU contra Rocha Moya por nexos con el narco, muestra hasta qué punto el doble rasero fortalece a una gobernadora opositora. Pero, sobre todo, la división impide alinear intereses frente a una amenaza externa, que incluso algunos sectores anti 4T ven como oportunidad para golpear su maquinaria electoral. Paradójicamente, la polarización alentada por sus gobiernos se ha convertido en su flanco más vulnerable frente al injerencismo de EU.
La creación de una comisión del INE para filtrar candidaturas no parece suficiente para frenar la ofensiva estadunidense contra políticos vinculados al crimen. El problema de la propuesta es que, como ocurrió con la reforma judicial, puede quedarse en un gesto cosmético. Además, el INE no necesita una reforma para actuar en ese ámbito, y la medida se verá como una simulación si no va acompañada de acciones judiciales frente a las acusaciones actuales. En el fondo, la propuesta descarga en el Estado una responsabilidad que también corresponde a los partidos: evitar candidaturas del crimen. En la era de Trump ha crecido dramáticamente el respaldo de EU a partidos de derecha en las elecciones latinoamericanas, pero la forma de responder no es poner en riesgo la gobernabilidad interna, porque sus consecuencias en la asimetría de Poderes darán armas a la amenaza que se pretende conjurar.
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