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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Las constantes filtraciones de espionaje en la política lo normalizan como método para eliminar contrarios desde las cloacas de los poderes, sin importar que sean los propios gobiernos los que violen la ley. Las rutinas para conculcar el secreto de las comunicaciones no provocan ninguna alarma, sino morbo y publicidad, como si se ajustaran ya a una norma o un modelo común. La difusión profusa de intromisiones ilegales de gobiernos, como el de Layda Sansores, comprometen seriamente la calidad de la democracia y degradan a la autoridad.

En el mundo de la política se impone la información de la alcantarilla, sin red de saneamiento, y ni siquiera la frenan los discursos efectistas sobre el ocaso de la democracia. Acaso ninguna autoridad parece preocuparse de las dimensiones políticas del espionaje que se activan como prerrogativa de los poderes para criminalizar la disidencia, inhibir la crítica y la protesta.

El espionaje se estabiliza en la normalidad. Los secretos de nadie están a salvo, desde la familia presidencial, los líderes parlamentarios del partido oficial y los dirigentes de la oposición, pasando por funcionarios, periodistas o defensores de derechos humanos. Cualquier “guerra” política lo justifica, ya sea intestina en los gobiernos de Morena y su partido, así como externa desde las autoridades civiles o militares contra partidos y opositores. Aunque, lejos de que el sistema democrático se normalice, atentan contra su núcleo duro y descubren la vulnerabilidad de los derechos.

La estandarización de la lucha política desde los caños estatales o mafias de poder pasa por la eficacia para ensuciar al contrincante sin conllevar responsabilidad política alguna. La gobernadora de Campeche revela mensajes privados del senador Ricardo Monreal como si cumpliera el deber moral de combatir la traición y la corrupción al interior de su partido con cualquier medio, por ilegal que sea. De la misma forma que aplaca al líder del PRI, Alejandro Moreno, para presionarlo en el Congreso con actos publicitarios en los que las aguas residuales del hackeo y la intromisión nunca alcanzan a purificarse en los tribunales. O que se estancan cuando López Obrador, como su máximo líder, los conmina a no caer en “politiquerías” para evitar divisiones internas. Y no pasa nada, los presidenciables, como Sheinbaum, apenas disimulan su satisfacción con un evasivo “no me voy a meter”, a pesar de señalamientos de que el espionaje sale de su oficina contra sus contrincantes en la carrera sucesoria de Morena.

La guerra sucia es una táctica extendida que revela la actualidad de viejas prácticas autoritarias entre funcionarios y personas con poder en México, que están más cerca de la escuela de los antiguos sótanos policiacos de Bucareli de la época de Gutiérrez Barrios que del combate ideológico y la participación política libre. Más próximos a las labores de inteligencia de la “guerra contra las drogas” que de la transparencia y rendición de cuentas democrática. De políticos que se mueven como fontaneros de la mierda justificados en que protegen al Estado o al partido, cuando lo que realmente hacen es adueñarse de los derechos de los demás, sean o no sus adversarios.

Campaña de “guerra sucia” denuncia Monreal de sus compañeros de partido de cara a la sucesión presidencial y contestan con revelaciones políticas para hundir sus aspiraciones por comenzar con las hostilidades. No importan las reglas ni las armas que se utilicen, lo cierto es que esa despreocupación por los métodos democráticos permite entender por qué el país se ha revelado como un asiduo consumidor de tecnología de vigilancia en la última década y ha convertido la filtración en arma privilegiada de la lucha política.

Los secretos están al alcance, pero no por vía institucional de la transparencia y acceso a la información pública, sino de las compras de software y contratos del malware Pegasus para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos dentro y fuera del oficialismo. Adquirir programas de espionaje parece tan fácil como ir a una tienda de telefonía móvil donde también vendieran captadores IMSI, interceptores de WiFi y otras herramientas de geolocalización para intervenir en comunicaciones privadas. El espionaje tiene un significado político más que nunca, al punto de quererse normalizar como herramienta de transparencia a la que agradecer conocer la corrupción o los trapos sucios de nuestros políticos. Pero no es así. Son tácticas para difamar y enjuiciar, aunque nunca se materialicen en procesos judiciales.