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A diez días de que se lleve a cabo la consulta popular para juzgar a actores políticos del pasado por sus acciones que afectaron a México, y que Morena ha bautizado como el juicio a los ex presidentes, el ánimo de la ciudadanía sigue dividida entre acudir o no a las casillas que se instalaran para sufragar.

Desde un punto de vista ciudadano, es necesario acudir solo para demostrar que la ciudadanía si acata sus obligaciones y que aun cuando la Ley no debe ser consultada sino aplicada, sería un acicate a este gobierno federal para que realice un trabajo que se comprometió a realizar, desde su campaña política, y que por diversas circunstancias no lo ha hecho.

Combatir la corrupción y evitar que esta quede impune, fue una de las promesas que no ha cumplido López Obrador, pero también como titular del Poder Ejecutivo en el país, tiene la obligación de realizar este trabajo sin pedir el consenso de la gente, porque por eso obtuvo una votación mayoritaria a su favor en los comicios del 2018.

De no hacerlo seguirá incumpliendo con el mandato que la ciudadanía le otorgo y aún más, será cómplice de la corrupción, porque desde su campaña señalaba tener las pruebas suficientes para llevar a juicio a los ex presidentes de México del periodo 1982 -2018, y si tiene todas estas pruebas y no las da a conocer entonces encubre los actos delictivos en los cuales incurrieron los ex mandatarios mexicanos.

Por ello es importante que la ciudadanía acuda a sufragar en la consulta popular, para demostrar que el activismo de la sociedad seguirá presente para el próximo año donde se realizará la revocación de mandato, promesa que también realizó López Obrador.

En cuanto al aspecto de recursos económicos y humanos en torno a la consulta popular que, en un primer momento era para enjuiciar a los ex presidentes, pero que al final la SCJN replanteó la pregunta y con ello, puede llegar hasta el mismo López Obrador y sus funcionarios quienes a través decisiones tomadas en 2019 y 2020 afectaron para mal la vida de millones de mexicanos y por ello el alcance de la pregunta tendría que ser vinculante para él también, en caso de que se alcancen los 37 millones de participantes.

Se estimó que el costo de esta consulta alcanzaría un total de 528 millones de pesos, pero esta se ha ido incrementando debido a la movilización que este gobierno ha realizado dentro de las oficinas del mismo para realizar proselitismo y demandar que todos los funcionarios públicos deberán acudir a las casillas y llevar invitados para sufragar a favor del juicio a ex presidentes.

La utilización de recursos públicos y humanos, en los famosos Siervos de la Nación que han salido a las calles de todo México para promover de manera verbal y con distribución de panfletos incrementa el costo de esta acción política, a esto se le suma los millones de dinero gastado para pagar y pegar propaganda política, similar a las del viejo oeste, donde se ofrece recompensa por cada uno de los ex presidentes, y otras de dimensiones distintas donde se les acusa de por lo menos el delito más importante cometido durante su mandato

Así a Carlos Salinas se le acusa del Fraude de 1988 cuando se cayó el sistema y el responsable de vigilar que los comicios ocurrieran sin ningún contratiempo era el secretario de gobernación cuyo titular era en ese entonces Manuel Bartlett, actual director de la CFE. Entonces también se le deberá juzgar por el miso delito al político poblano.

A Ernesto Zedillo, se le imputa el fraude del Fobaproa, mecanismo que se creó para evitar un quebranto del sistema bancario y que no solo los banqueros salieron beneficiados sino miles de personas que dejaron de pagar sus adeudos con la banca y que tenemos que pagar todos los mexicanos, algunos de los beneficiados por este Fobaproa fueron los actuales diputados federales, Alfonso Ramírez Cuellar, quien era diputado federal en 1988 y pertenecía al Movimiento denominado el Barzón, y también Gerardo Fernández Noroña quien con la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca se vio beneficiado y no pago la deuda que mantenía con varias instituciones bancarias, al contrario se le cubrió su adeudo y años después ha sido elegido y reelegido como diputado federal,. Entonces también se les deberá juzgar por este delito.

A Vicente Fox se le acusa por los hechos sucedidos en San Salvador Atenco, Estado de México donde se reprimió a manifestantes y se llegó a la tortura y violaciones a mujeres pertenecientes a esta comunidad.

A Felipe Calderón se le acusa de haber llegado a la presidencia a través de pactar con organizaciones del narcotráfico y permanecer durante su sexenio con ciertos privilegios para estos grupos delincuenciales.

Y a en Enrique Peña Nieto, se le acusa por el caso Ayotzinapa, donde el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, fueron violentados en sus derechos humanos y lamentablemente desaparecidos.

Como podemos ver, esta consulta popular del 1 de agosto, no solo se juzgará a los ex presidentes, sino marcará la democracia participativa, como así le llama la 4T, pero también se pone en juego la permanencia de López Obrador en su cargo de no cumplir con sus promesas de campaña y enjuiciar a todo aquel funcionario público que ha realizado actos y tomado decisiones que perjudican a México y a la población.