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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

La SCJN es zona de huracanes, que se originan en la coacción para capturar sus decisiones dentro de la confrontación polí­tica, así como en la polarización de intereses. El fenómeno no es nuevo, pero sus últimos fallos sobre telecomunicaciones y el expediente de prisión preventiva dan cuenta del grado de “distorsión democrática” que éste toma para socavar su independencia. Respecto al primero, su decisión de invalidar la reforma a la ley de Telecomunicaciones de 2017 ha dejado un gran enredo sobre libertad de expresión y derechos de las audiencias. El fallo abre un vacío legal, pero se combate con el temor de que pretenda la censura con mecanismos que re­gulen el contenido de los medios y limiten su autonomía. Las preocupaciones son más neuróticas que reales, pero reflejan viejas disputas de la industria y los estragos de la confronta­ción del gobierno con la prensa a lo largo del sexenio.

De la Corte han salido muchas resoluciones imprevistas y molestas a los poderosos, así como también favorables al gobierno. A pesar de ello, en el debate sobre prisión oficiosa el Presidente dice que se “equivocó” con los 4 ministros que llevó a la Corte, por olvidarse de su proyecto de “transforma­ción”. Al mismo tiempo que sus fallos son objeto de suspica­cia como parte de maquinaciones del gobierno para lesionar la libertad de expresión, como ocurre con su resolución de telecomunicaciones. Huelga decir que, cuando el poder po­lítico o los intereses particulares manipulan a la Corte, ani­quilan a la verdad y son una amenaza para la sociedad. La tentativa de ocupar esos espacios, que deben ser “refugios de verdad” frente a la lucha política, no es nueva, pero sí os­tensible en este sexenio. Las presiones en fallos polémicos, como su aval a la Ley Eléctrica o el enojo del Presidente por un posible revés en la prisión oficiosa visibilizan los riesgos para su independencia, que de perderla los pondrían al ser­vicio de otros relatos de la realidad. Su resistencia ante esas campañas parece mostrar vitalidad para evitar caer en el au­toengaño, imágenes falsas, o la eliminación de los hechos, como pretende el poder político al exhibir a los jueces como redentores de criminales por permisividad o corrupción sin mención alguna de miles de presuntos inocentes sin juicio ni sentencia en prisión oficiosa.

Las interpretaciones sobre la eliminación de esta reforma son un buen ejemplo de ese estado de ánimo negativo que propicia la polarización. La Corte no entra al fondo de la cons­titucionalidad sobre la regulación de contenidos de los me­dios, como distinguir entre información y opinión, permitir a la autoridad designar defensores o sancionar los códigos de éti­ca o suspender transmisiones de programas como decían los lineamientos invalidados del IFT en favor de las audiencias.

La Corte la abrogó por irregularidades en el proceso legis­lativo, pero el fallo se repele, como si confabulara contra la libertad de expresión. No hay claridad si éste implicará reac­tivar la ley de 2014 que elevó los derechos de audiencias en la Constitución o si el Congreso debe ir por una ley secundaria para aplicarla. Las críticas a la Corte tendrían que estar en la tardanza del fallo sobre una reforma que tras casi una déca­da nunca ha entrado en vigor y que hoy luce vetusta frente al cambio de las audiencias en los medios digitales. El fallo llega después de 5 años, en un mal momento porque reanima una vieja discusión sin que existan condiciones para suprimir el vacío legal. El IFT está debilitado y su autoridad no pare­ce que le alcance para volver a generar lineamientos para la aplicación de la ley que ellos mismos habían detenido ante la inconformidad de la industria. Y el ambiente de confrontación en el Congreso tampoco permite esperar acuerdos para nue­vas leyes, que serían muy caras para todos los partidos hacia 2024, incluido Morena. Pero ése no es el punto, sino la cre­ciente “distorsión democrática” que golpea sus fallos, un día por desobedecer al poder político, y otro, como instrumento del gobierno para conculcar derechos. Otra prueba de que ninguna institución escapa de la confrontación y la polariza­ción cuando se descompone el clima político.