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Número cero/ EXCELSIOR

La toma del CIDE por parte de la comunidad estudiantil es una llamada de atención grave sobre conflictos que desgarran la vida interna de centros de investigación y educación superior públicos. Nada más alejado del espíritu universitario que ver su transformación desde una perspectiva de regeneración moral, aunque el conflicto se centre en una disputa por su dirección.

Así, la confrontación escaló tras la designación como director general de José Antonio Romero Tellaeche, en un proceso manejado por el Conacyt, del que depende el CIDE, y rechazado por la comunidad universitaria. La Asamblea Académica y el movimiento estudiantil acusan “imposición” e irregularidades en el proceso, como desatender al Consejo Directivo en la formalización del nombramiento como máximo órgano de gobierno interno. El Conacyt defiende su legalidad, aunque sea con calzador burocrático. Hasta ahí el problema podría reducirse a un asunto de inconformidad o interpretaciones internas, si no fuera por las “externalidades” que han intervenido para desacreditar su trayectoria como una institución que calló ante la corrupción “neoliberal” en línea con el discurso oficial hacia el CIDE, la UNAM y otros centros científicos.

Pero la elección del candidato “idóneo” –como remarcó Conacyt sobre Tellaeche– se parece menos a un desacuerdo interno que a esos procesos químicos para lograr el aislamiento de alguna proteína separándola de la mezcla. Así parece haber sucedido con el despido de la secretaria académica, Catherine Andrews, y otros directivos por “rebeldía” o “pérdida de confianza”, tras negarse a acatar órdenes en contra de los estatutos o mantener posiciones críticas con la conducción de la institución o del gobierno.

No es nuevo que cambios sexenales en el gobierno repercutan en equilibrios internos en las universidades y centros de educativos públicos, que no son ajenos a reacomodos de grupos políticos de la administración. La dirección del CIDE la disputaban Vidal Llerenas, exalcalde de Azcapotzalco de Morena, y Telleache, a quien se relaciona con otro grupo morenista en la dirección del Conacyt. Pero eso es distinto a la intervención directa, como reclama el movimiento de estudiantil, con la pretensión de controlar planes de estudio o imponer ideologías oficiales sin diálogo ni debate.

La autonomía universitaria es la garantía para la libertad de cátedra e investigación. El gobierno ha atacado a la UNAM y a otras universidades con el reclamo de “derechizarse” y sumarse al credo neoliberal de anteriores gobiernos. Los ataques se han dado en el marco de una amplia discusión que se promueve sobre la forma de hacer ciencia en el país y su vinculación con la comunidad. Aunque lejos de ofrecer propuestas de reformas, se ha traducido en el retiro de apoyos a la investigación, cancelación de fideicomisos y la persecución de científicos que llegaron con gobiernos pasados.

La presión desde el poder político es una forma de limitar la autonomía, y el descrédito, una manera de crear las condiciones para debilitarla. El encono de la crisis interna del CIDE da cuenta de ello y prende alarmas en otros centros académicos. En el CIDE se ha criticado el esquema de consultoría profesional para obtener recursos autogenerados, pero exigir rendición de cuentas es distinto a usar las acusaciones para golpear la reputación y crear un terreno fértil a la segregación de quien no se alinee al discurso oficial. Ése es el temor que comienza a recorrer a los centros de educación e investigación superior, independientemente de la renovación de grupos que han mantenido control interno o reformas a los planes de estudio.

Hasta ahora las autoridades, con sus críticas a la manera de hacer ciencia o ataques a las universidades, no han traspasado la autonomía de centros y universidades, pero la descalificación desde el poder político es una forma de socavarla y desfigurarla. Por eso lo que ocurra en el CIDE será determinante para lo que pueda suceder con otros centros que en el fondo lo que reclaman son márgenes de independencia frente al Ejecutivo.