Rubén Rocha Moya es un trompo que la presidenta Sheinbaum ya no puede seguir sosteniendo en la palma de la mano.
La entrega a Estados Unidos –que todo indica fue pactada– del operador financiero y del jefe de Seguridad Pública del gobernador con licencia de Sinaloa, comienza a resquebrajar el blindaje político, judicial y mediático que hasta ahora se había desplegado desde Palacio Nacional para protegerlo.
Porque si la jefa del Ejecutivo mexicano exigía pruebas sobre las acusaciones contra el llamado “enjambre sinaloense” por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, éstas ya no llegaron únicamente en expedientes diplomáticos o declaraciones desde Washington: caminaron por su propio pie hasta territorio estadounidense.
Y eso cambia por completo el tamaño de la crisis.
Esto es brutal para el oficialismo. Del terreno de la sospecha se pasó al de los testimonios y las confesiones… que ya comenzaron a “salpicar” a la Secretaría de la Defensa Nacional.
De los dos que se entregaron, el primero en comparecer ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York fue el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa. Trascendió que este militar, con una trayectoria de alto nivel, busca convertirse en testigo cooperante y posiblemente en protegido.
Se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el mismo centro penitenciario donde se encuentra Ismael “El Mayo” Zambada.
Y aparece otro problema para Palacio Nacional: la gobernadora interina Yeraldine Bonilla asegura que el nombramiento del general retirado no fue decisión de Rocha Moya, si no la Sedena.
En los próximos días comparecerá Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas. Versiones periodísticas señalan que decidió entregarse a Estados Unidos desde Europa, donde se encontraba de “vacaciones”. Busca un acuerdo de cooperación.
El fin de semana trascendió que otro de los acusados de vínculos con “Los Chapitos”, el senador Enrique Inzunza, también había sido detenido. Para atajar el rumor, el legislador difundió un mensaje en X –porque no se ha presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- para advertir que no se entregará a las autoridades estadounidenses.
“Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento”, escribió Inzunza quien asegura que está en Sinaloa, particularmente en Culiacán.
Ante ese contexto, el problema para Palacio Nacional ya no es lo que diga Washington sobre los diez acusados de vínculos con el crimen organizado. Es lo que puedan decir quienes ya están del otro lado de la frontera.
Por eso en las filas morenistas ya surgieron reclamos al Gabinete de Seguridad por permitir –sí, es en serio- que los ex colaboradores del gobernador se entregaran. Están apanicados.
Un enfurecido y desgañitado senador Gerardo Fernández Noroña pidió tener prácticamente bajo resguardo, vigilancia y ciertas limitaciones de movilidad a los acusados del “enjambre sinaloense”.
El desplome
Desde que estalló el caso Sinaloa, Palacio Nacional y Morena intentan contener el golpe con soberanía, polarizando, con ataques a opositores… y con encuestas.
El pasado 12 de mayo, en su conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum mostró un estudio de opinión de la encuestadora De las Heras Demotecnia en la que se ubica con 72 por ciento de opinión positiva de la población. Expuso además una encuesta telefónica que coloca a Morena con una amplia ventaja en las preferencias electorales en Sinaloa.
El propósito es transmitir que el “narcotema” no ha golpeado ni a su gobierno ni al movimiento político que la llevó a la presidencia de la República. Se busca instalar la idea de que la popularidad sigue intacta y que su partido conserva el control del tablero electoral.
Pero las encuestas no sirven para desactivar expedientes judiciales ni presiones internacionales. Además, hay otros datos.
Según la reciente encuesta de México Elige, la aprobación de Claudia Sheinbaum cayó en mayo a 44.5 por ciento, una baja de más de 5 puntos respecto al mes anterior.
Roy Campos, de Consulta Mitofsky, asegura que por cuarta semana consecutiva han bajado los positivos de la presidenta. Disminuyó de 65.4 a 58.9; es decir, ha perdido 6.5 puntos de opinión positiva en menos de un mes y ha subido 3.5 puntos en opiniones negativas.
Una encuesta difundida por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus y elaborada por la politóloga Lorena Becerra, revela que en un año la popularidad de la presidenta Sheinbaum ha caído 21 por ciento. De 80 por ciento de aprobación en marzo de 2025 cayó a 59 por ciento en mayo de 2026.
A la jefa del Ejecutivo no le aportan temas como el derrame de Pemex en el Golfo de México, la confrontación con la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, el tema de los narco políticos de Sinaloa, conflictos en Guerrero y el pésimo manejo del Calendario Escolar.
También le pegan a Morena, particularmente el asunto de los presuntos vínculos de algunos de sus militantes destacados con el narcotráfico. Según la encuesta de Lorena Becerra, el partido guinda ha perdido 14 por ciento de preferencia electoral.
En ese sentido, el tema del narco ya amenaza la narrativa central del morenismo: la legitimidad moral de su movimiento político y, si la pirinola cae en “pierde credibilidad”, el problema ya no será únicamente electoral si no de legitimidad política.
Por eso reiteramos lo que advertimos en la entrega pasada: así como la corrupción terminó golpeando al PRI y la guerra contra el narco desgastó al PAN, el vínculo político-criminal puede convertirse en el ocaso de Morena.
En X: @castroclemente
castroclemente@gmail.com
Vía @LineaPoliticaMX