• La transparencia es una de las vías más importantes para garantizar que los poderes públicos estén cumpliendo con el quehacer institucional,
• Ante la pandemia, las tecnologías fueron cruciales. El acceso a la justicia no podía detenerse y los poderes judiciales tuvieron que reaccionar de manera pronta implementando sistemas de teletrabajo y videoconferencia
La justicia abierta es un medio para que los poderes judiciales fortalezcan la confianza de la población a través de los pilares de la rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia, aseguró la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río Venegas.
“La transparencia es una de las vías más importantes para garantizar que los poderes públicos estén cumpliendo con el quehacer institucional”, expresó.
Al participar en el panel de “Justicia Abierta desde el Parlamento: Contribuciones y retos”, en el Seminario Internacional Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 2020, la Comisionada Del Río Venegas afirmó que la transparencia es importante y necesaria para garantizar no solo la justicia abierta, también el esquema de gobierno abierto y de parlamento abierto.
La Comisionada Del Río Venegas destacó que “es muy necesario el lenguaje ciudadano. Los ciudadanos luego no llegan a comprender todo aquel resolutivo, ya sea de los órganos garantes, del gobierno abierto, del parlamento, de justicia abierta; los ciudadanos no tienen la obligación de conocer los términos, ni comprender los términos jurídicos, técnicos, administrativos que manejamos y, sobre todo que maneja, en este caso, hablando de la justicia abierta, el tema de las sentencias”.
Del Río Venegas recordó que el pasado 13 de agosto se modificó la Ley General de Transparencia, en su artículo 73, fracción I, para que se den a conocer las versiones públicas de todas las sentencias firmes, lo que permitirá “legitimar el actuar y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos”, acotó.
Al señalar que la participación ciudadana es el aliento de la democracia, mencionó que, de acuerdo con el Ranking de Opacidad Judicial en México, Justicia Abierta, únicamente los poderes judiciales de Coahuila y Guanajuato han implementado mecanismos de participación con sociedad civil, academia y empresa privada.
Añadió que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 59, establece que los poderes judiciales junto con representantes de la sociedad civil deberán trabajar en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
Aún hay desconfianza por parte de la ciudadanía y, de acuerdo con el reporte citado solo el 23 por ciento de los mexicanos confían en los poderes judiciales, por lo que “la participación ciudadana hacia ellos debe ser tratada de forma distinta a como se entiende al respecto con otros poderes, cómo: afinar los criterios, agilizar los procesos, denunciar posibles actos de corrupción y vulneración de datos personales”, reconoció.
Ante la pandemia, las tecnologías fueron cruciales. El acceso a la justicia no podía detenerse y los poderes judiciales tuvieron que reaccionar de manera pronta implementando sistemas de teletrabajo y videoconferencia, apuntó la Comisionada.
Entre los retos que enfrentan el INAI dentro de este proceso se encuentran el verificar las obligaciones de transparencia de los poderes judiciales, así como el acercamiento con las organizaciones no gubernamentales.
“Si no hay sociedad civil no hay ejercicios de parlamento abierto, de justicia abierta ni de gobierno abierto”, concluyó.
Khemvirg Puente Martínez, Profesor de Carrera de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, comentó que en México no hay ni justicia abierta, ni parlamento abierto; lo que hay son esfuerzos que han venido logrando en las Cámaras pero que dependen de ciertos acuerdos coyunturales de las fuerzas políticas.
En su opinión, el parlamento abierto requiere de al menos cuatro dimensiones: transparencia en toda la actividad parlamentaria; participación ciudadana en todos los procesos, la innovación tecnológica y la integridad y responsabilidad parlamentaria, es decir la rendición de cuentas parlamentarias.
La Senadora Patricia Mercado, Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, mencionó que la transparencia y la rendición de cuentas es uno de los temas torales que se viven en democracia, y los relacionados en cómo abres a la ciudadanía la toma de decisiones al interior del Poder Legislativo, y del Poder Judicial, para conocer cómo deciden y cuáles son sus argumentos.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados, expuso los avances del parlamento abierto y justicia abierta y cómo se relacionan estas prácticas para fortalecer de manera recíproca la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra democracia, camino que, apuntó, está en permanente construcción.