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La necesidad de obtener una mayor cantidad de recursos para hacer frente a las responsabilidades del gobierno federal, como son el pago de la deuda, de las pensiones y jubilaciones, mantener subsidio a las mega obras del sexenio anterior y  seguir rescatando a Pemex sumado al alto volumen de recursos para cubrir los diferentes programas sociales que permitan paliar la pobreza en la población, hace que se tomen decisiones que en el corto plazo producen recursos y que son oxígeno para las finanzas públicas pero que en el mediano y largo plazo se podrían convertir en lastres para el crecimiento de la economía familiar.

Sin duda que quien esté al frente de la administración federal deberá contar siempre con un equipo que aporte ideas para dar solución a los problemas existentes y que estas soluciones permitan no solo conseguir recursos, sino también aplicarlos para mantener activo el motor de crecimiento económico y otorgar bienestar social.

Algunas medidas son necesarias con la intención de que una vez alcanzado el objetivo planeado estas no sean un peso en la economía y bolsillos de la ciudadana. Y es por eso que cada año se establece un Paquete Económico que será la guía para establecer esos objetivos.

Así en la discusión de este Paquete Económico para el 2027, se han presentado dos proyectos una federal y local sobre la Zona del Valle de México.

La primera y la cual ya fue aprobada por la cámara de diputados federales la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que permite crear una Plataforma Nacional Catastral y determinar las reglas conforme a las cuales se llevará a cabo la armonización de los catastros y registros públicos de todo el país.

También se busca lograr uniformidad y equidad, y de la cual podría derivar una revaloración inmobiliaria para que los estados y municipios puedan obtener mayores recursos y ser utilizados a favor de la población.

Con la aprobación por parte del Congreso Federal, deberán ser los congresos locales quienes ahora determinen las adecuaciones necesarias para aplicar esta ley.

En cuanto al programa para la ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde diferentes entidades buscan regular la ocupación y utilización sustentable y racional del territorio, Se busca establecer principios al uso equitativo y eficiente del suelo para asegurar su función social y el de la propiedad privada para el desarrollo sustentable.

Ambas medidas, buscan aumentar la recaudación del impuesto predial para que con estos recursos se puedan resolver los diferentes problemas existentes en todo el país en beneficio de la población. Algo que parece correcto, lo que no será correcto es que estas medidas en el mediano y largo plazo se conviertan en un problema mayor que deteriore aún más la economía familiar.

Porque más allá de establecer medidas para regular y organizar el establecimiento y desarrollo de asentamientos humanos esta más encaminado a actualizar el valor catastral de los inmuebles para el pago del impuesto predial, pero no se garantiza que estos recursos que se obtendrán serán para el mejoramiento de los servicios públicos para los pobladores.

Como se sabe el valor de los inmuebles es fluctuante y depende de la zona y desarrollo donde se ubique, por ello aplicar leyes iguales en diferentes zonas podría perjudicar a algunas de ellas y por supuesto esto impactaría en la economía familiar y personal. Porque el incremento del valor catastral significa un incremento al impuesto.

Si a esto sumamos la idea de cobrar el impuesto predial no solo por las leyes ya establecidas sino porque se amplió la construcción en el predio o este está desocupado, parece una medida que no tiene un sentido social.

Esperemos que los legisladores, federales y locales ya estén analizando esto, que el nuevo valor de la propiedad no solamente sea el camino para obtener recursos que no terminan siendo aplicados donde más se necesitan sino sirvan para que la población obtenga más servicios y beneficios.