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La Península de Yucatán tiene datos encontrados.

Por una parte, hay disposición de reparar los daños ecológicos ocasionados por la explotación comercial de esa rica región ancestral.

Por la otra, está la instrucción gubernamental de alinear todas las decisiones institucionales para continuar las obras del Tren Maya porque no habrá impactos significativos.

Pocos organismos públicos tan desprestigiados como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de María Elena Álvarez-Buylla.

Más allá de ineficiencias como no presentar un respirador artificial para atender enfermos de Covid, basta su actuación en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para conocer su autoritarismo y su falta de sensibilidad social.

Por eso ayer el Instituto de Ecología (Inecol), dependiente del Conacyt, obvio, presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) su conclusión:

“Puede inferirse que no habrá impactos significativos netos a la diversidad y abundancia de la fauna en el área de influencia como en la región; es decir, el Proyecto no generará afectaciones relevantes a la biodiversidad beta y gama”.

DOS MIL LICENCIAS SIN CONTROL

Contra esa consigna, hay datos reales.

Unas 200 empresas de 107 empresarios se han disputado grandes extensiones del territorio en torno a Tulum para crear infraestructura turística.

De 2015 a 2021 se otorgaron casi dos mil 300 licencias de construcción a particulares y sólo 2% tiene documentada la manifestación de impacto ambiental.

Según el reportaje de TelevisaUnivision, VIX, de la unidad de periodismo N+Focus, los responsables son el alcalde Marciano Dzul, quien repite en el cargo pero con quien opera la exedil Romualda Dzul y su hermano Cenobio Dzul, presidente del Parque Kaan Luum.

El daño es múltiple, pues 67% del agua se destina únicamente a tres hoteles de la zona, mientras la población carece de ella.

No es cuento: aunque usted no lo crea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de Rosario Piedra Ibarra ya intervino y habló de corrupción e irresponsabilidades.

De servidores públicos porque otorgaron permisos para infraestructura hotelera y marina sin considerar el impacto ambiental.

Y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), pues desatendió denuncias y realizó “inspecciones superficiales” sin darles seguimiento y menos sin medir el detrimento al medio ambiente.

¿Alguien terminará con ese botín maya?

OAXACA: ESCUELA COMO BOTÍN

Oaxaca hierve en el proceso político.

El diputado morenista local Horacio Sosa Villavicencio quiere llevar un asunto personal a escándalo social con repercusiones electorales.

Promueve una campaña para acusar al Internado de Reyes Mantecón, una escuela secundaria pública de Oaxaca, porque según él carece de luz.

Culpa al Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), bajo cuyo cuidado están 12 mil planteles.

Pero Horacio Sosa Villavicencio está preocupado en un solo instituto, donde estudió su hijo con calificaciones malas y al final reprobado en casi todas las materias.

Puede haber elementos contra el plantel, pero él sabe contra quién va y por supuesto es el IOCIFED, pero sobre todo los funcionarios públicos al frente de él.

¿Verdad que es un tema político-electoral?