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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El juicio en la Corte IDH sobre el caso García Rodríguez y otros vs. México ha derivado en una dura descalificación de la política criminal del Estado mexicano, por dar la espalda a los derechos humanos en el proceso penal. Los alegatos de los fiscales del tribunal internacional son un estruendo contra el arraigo y la prisión oficiosa u automática que defiende el gobierno como pilar de su plan de seguridad, aunque contra­vengan la Constitución. Una dura crítica a recursos tan popu­lares como injustos, aunque se quieran justificar para evitar la “puerta giratoria” de la justicia, sin cabida en democracia.

El gobierno los reclama con una retórica emocional y sim­plista, pero que cala en el temor social por la inseguridad. Su discurso azuza el miedo de suprimirlos como el mayor riesgo para su estrategia de seguridad, dado que vaciaría las cárce­les, vulneraría a las víctimas y echaría por tierra sus esfuerzos contra la violencia. ¿Cuántos en un país con una tasa de homi­cidios de 28 por 100,000 habitantes no se sienten agitados? Ni una palabra de los inocentes que permanecen en la cárcel, como ocurrió con Daniel García y Reyes Arizpe, que estuvie­ron 17 años tras las rejas, por el abuso de la prisión de oficio, acusados de asesinar a una regidora del Edomex en 2001.

Su caso se juzga en un momento oportuno por la discusión que abrió también la Corte en México sobre la prisión oficiosa, que tiene a 90,000 en prisión sin sentencia. El tribunal aún no ha dado un fallo, pero los alegatos son llamados de los fiscales a derogar la prisión automática en un amplio catálogo de delitos que aprobó el Congreso en 2019. De encontrarse responsable al Estado de violación a los derechos humanos por este caso, podría materializarse su exigencia de eliminarla de la Constitución. La discusión abre la mayor confrontación de la Corte con este gobierno, que presiona para consolidar un modelo de justicia en que el poder recae sobre la buro­cracia judicial, en detrimento de fiscales y jueces capaces de investigar y probar la responsabilidad de los inculpados. Es más fácil encarcelar a un acusado que probar su culpabilidad.

Por eso es un debate trascendente para la justicia, sobre todo para los pobres, que son el 70% de acusados, que esta ley convierte en criminales ipso facto antes de juzgarlos. Si la Corte cede, su independencia está en juego. Había agendado la votación esta semana de dos proyectos que sostienen su inconstitucionalidad e inconveniencia con los tratados inter­nacionales de DH suscritos por México, pero decidió poster­garla. El asunto confronta al gobierno con la CIDH y puede complicarse, porque reclama la última palabra sobre la prisión oficiosa, a pesar de que sus sentencias son obligatorias para los estados. La estrategia de la Corte parece querer empatar la discusión con los alegatos que se escuchan en el tribunal interamericano para fortalecer su posición. La Corte necesita 8 de 11 votos para invalidarla, algo difíciles por la cercanía de varios ministros con el gobierno y que, por ello, necesitan ganar apoyos en las críticas vertidas en la audiencia del orga­nismo internacional. El desencuentro con el gobierno es es­pecialmente incómodo para el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, cuya afinidad con éste ahora enfrenta el desafío de su defensa de la inconstitucionalidad de la prisión oficiosa.

Por lo pronto, la discusión es esclarecedora del estado del arte del sistema legal y del modelo de seguridad del gobierno que, bajo el reclamo de que los jueces liberan a los detenidos, quiere encerrarlos en automático para exhibirlos en gráficas como indicador del éxito de su estrategia. El caso de Daniel García y Reyes Arizpe es un escaparate del abuso del arrai­go y la prisión oficiosa por contener todos los males de la justicia: detención sin orden judicial, confesión bajo tortu­ra, fabricación de pruebas y persecución de sus familias. Los meros indicios de culpabilidad les privaron del derecho a la presunción de inocencia y el juez los convirtió en criminales antes de proceso y recibir sentencia.

El debate deja al descubierto que la reforma penal para superar esas grandes rémoras de la justicia con un nuevo sistema acusatorio, en los hechos, naufraga en las aguas de los viejos operadores judiciales y el regreso de la justicia in­quisitorial por la puerta de atrás, con la política criminal del gobierno.