Visas revocadas y probables nexos con el narco. La investigación de Estados Unidos contra los gobernadores mexicanos
Según LA Times, los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal tienen las visas revocadas por probables nexos con la delincuencia organizada, pero entran a EU con un permiso de testigo cooperante. Durazo carga con una propiedad del clan Carrillo, 214 millones de pesos no declarados y la visa cancelada de su hijo por lavado de dinero; Villarreal enfrenta pesquisas por huachicol fiscal y financiamiento ilícito de campaña. Ambos niegan la sanción migratoria, mientras Washington redobla la ofensiva contra la narcopolítica mexicana.
Hoy, el diario Los Angeles Times publicó una investigación que ha vuelto a sacudir los cimientos de la política mexicana. Una nota firmada por Steve Fisher y Kate Linthicum, reveló que el gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas a los gobernadores en activo —Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas—, mientras investiga sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
El dato que despierta mayor inquietud es el mecanismo mediante el cual ambos mandatarios siguen ingresando al territorio estadounidense. Ellos, según el diario estadounidense, utilizan un permiso especial conocido como «parole» o libertad condicional por «beneficio público significativo», reservado para testigos que cooperan con las autoridades federales. El detalle enciende una interrogante directa que podría llevar a intuir a muchos que Durazo y Villarreal podrían estar cooperando con la justicia estadounidense a cambio de privilegios migratorios.
“Estados Unidos está investigando a dos destacados gobernadores mexicanos, según informaron varias fuentes, mientras la administración Trump amplía su campaña contra altos funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado” —menciona el texto y agrega:
“La medida contra los funcionarios gubernamentales en ejercicio amenaza con socavar al partido gobernante de México, que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, y tensar aún más la ya de por sí tensa relación entre los dos países”.
La casa del «Señor de los Cielos»
La historia de Alfonso Durazo con el narcotráfico no comenzó con la investigación estadounidense. En febrero de 2012, él adquirió una propiedad de lujo en Bahía de Kino, un paraíso costero frente al Mar de Cortés. El inmueble había pertenecido a Amado Carrillo Barragán, hijo de Amado Carrillo Fuentes, alias «El Señor de los Cielos», líder del Cártel de Juárez.
Cuando la noticia salió a la luz pública en 2018, al ser propuesto como secretario de Seguridad de López Obrador, Durazo declaró que la compra fue “legal”, realizada ante notario, y que desconocía los vínculos del vendedor con el narcotráfico. Las preguntas, sin embargo, permanecieron intactas. Por ejemplo, hasta ahora no ha podido justificar plenamente la adquisición de un inmueble que perteneció a la familia de uno de los narcotraficantes más buscados de México.
Pero el caso de Bahía de Kino resulta apenas la punta del iceberg. En mayo de 2021, durante su campaña por la gubernatura de Sonora, una investigación del periodista Carlos Loret de Mola reveló que Durazo poseía al menos 18 propiedades en México y Estados Unidos. De ese total, había omitido declarar nueve en su declaración patrimonial.
Entre los inmuebles ocultos destacaban un rancho de mil hectáreas, locales comerciales, un edificio del que renta varios departamentos y la ya mencionada casa en Bahía de Kino, valuada en 10 millones de pesos. El valor conjunto de las propiedades no declaradas ascendía a 214 millones de pesos. Durazo defendió su patrimonio afirmando que lo había ganado legítimamente con su trabajo. La pregunta sobre cómo un funcionario acumula tal riqueza nunca encontró respuesta satisfactoria.
El caso del gobernador ya era delicado, pero el de su hijo lo agravó. En noviembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos revocó la visa a Alfonso Durazo Chávez por presuntos vínculos con lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos en la frontera.
Las investigaciones mostraron que el joven Durazo utilizaba empresas inmobiliarias para ocultar sus negocios y movimientos financieros. Medios especializados reportaron que la DEA y el Departamento del Tesoro vinculaban a los hijos de Durazo con prestanombres del Chapo Guzmán y el Cártel de Sinaloa.
La investigación actual y el «parole»
Según el diario, la visa de Alfonso Durazo fue revocada en 2025. Sin embargo, el gobernador, pese a ello, sigue viajando con regularidad a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado. El mecanismo que lo permite es el programa «Significant Public Benefit parole», una figura legal que autoriza el ingreso de extranjeros sin visa cuando cooperan con las autoridades o testifican ante un gran jurado.
La pregunta que se impone es directa: ¿qué información está proporcionando Durazo a las autoridades estadounidenses?
Mientras Durazo enfrentaba cuestionamientos por propiedades, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas desde 2021, lidia con acusaciones vinculadas al robo de combustible.
Tamaulipas constituye una de las principales plazas del crimen organizado en el país. Allí operan el Cártel del Golfo y Los Zetas, y atraviesa el estado una de las rutas más importantes para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Que el gobernador esté bajo investigación federal estadounidense tiene implicaciones profundas.
Empero, las investigaciones contra Villarreal no son nuevas. Desde 2025, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo ha señalado públicamente por vínculos con el «huachicol fiscal» —la evasión de impuestos en la venta de combustibles—, y su relación con estructuras criminales que operan en los puertos de Tampico y Altamira.
En septiembre de 2025, Villarreal fue incluido en la lista de «narcopolíticos» revelada por periodistas de investigación. Según la plataforma “Narcopolíticos”, el gobernador recibió presuntamente 126 millones de pesos para su campaña, provenientes de fuentes vinculadas al crimen organizado.
Al igual que Durazo, Américo Villarreal cuenta con un «parole» por beneficio público significativo que le permite ingresar a Estados Unidos pese a tener la visa revocada. Existe un detalle que añade una capa adicional de gravedad, que es el hecho de que cuando Villarreal cruza la frontera, lo hace escoltado por funcionarios estadounidenses.
Este nivel de supervisión indica que Villarreal no es sólo un sujeto de investigación. Apunta a un posible colaborador de las autoridades estadounidenses.
Los casos de Durazo y Villarreal no representan hechos aislados. Desde mayo de 2025, Estados Unidos ha revocado la visa a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en su mayoría gobernadores y legisladores aliados del partido Morena.
Según reportes de Los Angeles Times, el gobierno estadounidense prepara una estrategia que trasciende la revocación de visas. En un futuro cercano podrían presentarse acusaciones formales contra políticos mexicanos con nexos confirmados con el narcotráfico.
La investigación contra Durazo y Villarreal marca un cambio en la política estadounidense: la persecución ya no apunta únicamente a los cárteles; ahora alcanza a los funcionarios electos que les brindan protección o se benefician de sus actividades.
El uso del «parole» reservado para testigos cooperantes sugiere una disposición de Washington a negociar con algunos de estos políticos. El intercambio sería información que permita desmantelar las redes de corrupción que vinculan al crimen organizado con el poder político en México.
Las negativas oficiales
Pese a las revelaciones del diario, tanto Durazo como Villarreal han negado que sus visas hayan sido revocadas. El gobierno de Sonora emitió un comunicado donde afirmó que «el gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación». Américo Villarreal declaró en mayo de 2026 al ser interrogado sobre su visa: «Sí, sí tengo. He estado asistiendo a varios actos en Estados Unidos», sin precisar fechas ni detalles de sus viajes.
Además, el hecho de que Alfonso Durazo y Américo Villarreal utilizan un mecanismo legal reservado para testigos que cooperan con la justicia estadounidense abre interrogantes difíciles de silenciar. La información disponible no permite determinar si están proporcionando datos sobre sus propios vínculos con el crimen organizado o delatando a otros políticos mexicanos a cambio de inmunidad. Tampoco se conoce el precio que México paga por esta supuesta cooperación.
Lo innegable es que las investigaciones estadounidenses han destapado una red de presuntos nexos entre el poder político y el narcotráfico. El inventario incluye propiedades compradas a familias de narcotraficantes, lavado de dinero, contrabando de combustible, huachicol fiscal, financiamiento criminal de campañas y omisión de declaraciones patrimoniales millonarias.
Los gobernadores de Sonora y Tamaulipas siguen ejerciendo el poder en esos dos estados estratégicos para el narcotráfico mexicano y entran y salen de Estados Unidos con permisos especiales que los colocan en una zona gris, pues no están libres, pero tampoco formalmente acusados.
Por ahora, la certeza es acotada. Sus visas fueron revocadas y sus privilegios de entrada a Estados Unidos permanecen, pero no hay que perder de vista que, en el mundo de la lucha contra el crimen organizado, ese privilegio suele acarrear un precio muy alto.
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