El pasado lunes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde un artículo transitorio amplía el mandato del ministro presidente, Arturo Zaldívar, hasta el 2024.
Hecho que resulta trascendental para observar cual será la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde de aceptarse el artículo transitorio, pondría nuevamente nerviosos a los mercados que habían celebrado con alegría y resultados positivos que el Poder Legislativo tendrá mayor equilibrio a partir del próximo mes de septiembre.
Esto preocupa porque la decisión de la SCJN les puede borrar la alegría y cada decisión que no favorezca a López Obrador y Morena dentro del Poder Legislativo podría irse a la SCJN y esta sería la última instancia para dirimir los problemas y conflictos legislativos.
Entonces ahora, más allá de que Andrés Manuel López Obrador busque alianzas con legisladores del PRI, la llamada Ley Zaldívar, podría minimizar esto con solo aprobar la ampliación del mandato del presidente de la Corte.
Una vez más López Obrador ha mostrado su experiencia política al hacer cálculos y considerar que solo hace falta que tres ministros digan que es constitucional para que entonces se logre dar luz verde a este decreto.
En este punto cabe subrayar que ministros de la Corte como Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat fueron propuestos por López Obrador, por lo que sería lógico que estos ministros regresaran el favor al titular del Ejecutivo
Si como espera López Obrador, esos tres ministros se mantengan más fieles a la causa que a la Constitución, es evidentemente que encontró el camino para no necesitar de una mayoría calificada en el Congreso de la Unión para hacer los cambios que requiera y quiera.
Entonces de aceptarse la aplicación el artículo transitorio las consecuencias podrían ser muchas y quizá la mayoría de esta negativas
El nerviosismo en los mercados podría convertirse en menor inversión y por consecuencia menor creación de empleos, desatando nuevamente el aumento en los niveles de desempleo y por supuesto el incremento de la pobreza en el país.
Debemos entender que los inversionistas siempre están en busca de colocar sus capitales en países donde se les garantiza la seguridad jurídica y certidumbre de que obtendrán ganancias, amparados bajo las leyes existentes en cada Nación.
En este sentido debemos aclarar que la entrada de inversión al país debe estar regulada bajo las leyes mexicanas, que permitan obtener ganancias a los capitalistas, pero también que se apliquen impuestos para evitar que estas ganancias salgan de forma completa del país.
Que los recursos que obtenga el Estado de estas inversiones se apliquen en la creación de infraestructura de salud, educación y desarrollo de la tecnología, para tener una población con mejor calidad de vida.
Entonces la certidumbre deberá partir de la aplicación de las leyes a favor de inversión, de mejor calidad de vida y crecimiento económico.
Del respeto de la división de los tres poderes existentes en el país, sin que ninguno rebase las funciones de los otros dos,
Es por ello que será trascendente la decisión de los ministros de la SCJN, respecto al artículo transitorio. Es decir que sea la ley la que prevalezca y no una causa ideológica.