En los casos de Odebrecht, el Paso Express de Cuernavaca, la estafa maestra y el asunto de la Reconstrucción de los sismos de septiembre de 2017, se ha ido a fondo para aclarar y sancionar las irregularidades encontradas, afirmó Arely Gómez Gónzalez, secretaria de la Función Pública.
Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Transparencia, Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a la funcionaria federal dijo que las indagatorias que se realizan en la dependencia que encabeza, son exhaustivas, en este y todos los casos que se les presentan.
Gómez González, recalcó que la Función Pública, es la primera en inhabilitar a empresas de Odebrecht, en el caso de los sobornos que se dieron en américa latina, por lo que señalo que nadie puede decir que esta dependencia ha sido omisa en este asunto.
Además, se aplicaron sanciones económicas por 543 mil 48 millones de pesos; dos de inhabilitación para representantes legales de Odebrecht con multa y sanción económica y dos contra un servidor público de PEMEX con destitución e inhabilitación por 10 años y multa económica.
Luego de este señalamiento, reportó que en total durante la presente administración el número de sanciones emitidas por actos de corrupción, superan los 58 mil, mientras que la cantidad de sancionados llego a los 44 mil, y el monto de las sanciones se elevó, a 7 mil 161 millones 800 mil pesos.
Al concluir su primera intervención, entregó un anteproyecto a los presidentes de las comisiones, Óscar González Yáñez y Mario Alberto Rodríguez Carrillo, que atiende inconsistencias, lagunas y áreas de oportunidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
Admitió que la LGRA incluye cuestiones innovadoras; sin embargo, también señaló limitaciones para su implementación adecuada, entre ellas, el hecho de que la SFP subsana de forma temporal la carencia de un organismo de defensoría de oficio –previsto en la Ley– que debería ser independiente y autónomo.
Expuso que el decreto para expedir la LGRA omitió especificar el tratamiento para las investigaciones administrativas iniciadas antes de su entrada en vigor; y las que se abrieron posteriormente, por hechos acontecidos mientras estuvo en vigor la legislación anterior.
Sin perjuicio de otras inconsistencias, reiteró, se requiere una reforma legislativa a fin de garantizar certidumbre jurídica en la aplicación de la LGRA. Además, expresó su certeza de que la Cámara de Diputados realizará los ajustes necesarios al marco legal en materia administrativa.
Por otra parte, la Titular de la SFP informó a los diputados federales que esta dependencia, en conjunto con el Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera, elaboró un proyecto de iniciativa de Ley en materia de profesionalización y servicio civil de carrera, a fin de racionalizarlo y hacerlo más eficiente.
Explicó que la propuesta tuvo el acompañamiento de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); y recibió comentarios de actores de la sociedad civil, la academia y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El reto es fortalecer el capital humano del gobierno. El objetivo, que la estabilidad y permanencia de los servidores públicos sean consecuencia del desempeño y el mérito, adicionalmente a la capacitación continua, agregó.
“Si bien, la mayoría de las personas servidoras públicas poseen un gran talento, integridad, experiencia y capacidad; es fundamental reforzar los mecanismos de formación y estímulos, pues un servicio público eficiente, profesional, dignificado y motivado es crucial para lograr los fines del Estado”.
En lo relativo al combate a la corrupción, destacó que el Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento de las Convenciones Internacionales Anticorrupción, que preside la SFP, atendió, en dos años, 57 por ciento de las 180 recomendaciones de instancias como la OCDE, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).