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Han corrido ríos de tinta en la redacción de los discursos de los políticos mexicanos. Como que existe un complejo de inferioridad en ellos, que aún consideran a la soberanía como una especie de objetivo no logrado. Principalmente los políticos del PRI llevaban y traían ese concepto como si se tuviera que estar luchando constantemente para obtenerlo. Como si México fuere constantemente asechado por potencias extranjeras para tomar al país por asalto e imponerse a la fuerza a los mexicanos. Como si viviéramos en el Siglo XIX y Napoleón III aún viviera, y los gringos quisieran tomarnos por asalto.

Ahora, nuestro presidente de la República quien tiene profundas raigambres priistas, ha retornado con esa narrativa o discurso político. Constantemente dice que “México no es tierra de conquista”.

Pero, qué es eso de la “soberanía”. La ciencia política la define de muchas formas, pero una de las que más me gustan es la que la Maestra Doña Aurora Arnáez nos dio en la universidad, que es como “la facultad de decidir en última instancia al no haber norma que aplicar al caso concreto”.

Sin ponernos a hacer una disertación amplia del concepto, que tiene múltiples definiciones. La soberanía se reduce a “hacer lo que se desee”, que, en términos de la teoría del Estado moderno, y conforme a nuestra Constitución, esa facultad reside “originalmente en el pueblo”.

El “pueblo”, como concepto esencial del Estado, es la población que reside en un determinado territorio que se rige por leyes comunes y tiene un gobierno que se controla y despliega sus facultades por dichas leyes. El pueblo, conforme a nuestro sistema de Derecho, pasa su soberanía a la Constitución, y los Poderes de la Unión comparten esa soberanía conforme corresponde a la división de poderes establecida en la propia Constitución, que es la máxima norma, conjuntamente con los tratados internacionales de los que México es parte, para regir los destinos del país en última instancia.

Ahora bien, el Estado para ejercer su fuerza y autoridad soberana otorgada por la Constitución, tiene el monopolio de la fuerza pública, para hacer cumplir sus designios soberanos.

Ahora bien, en México nos encontramos inmersos en una gran anomalía, consistente en que el Ejecutivo federal, es decir, el presidente de la República, en una distorsionada interpretación de sus deberes constitucionales, ha decidido, literalmente, cederle soberanía, a múltiples grupos delincuenciales con su absurda política de “abrazos y no balazos”, permitiendo que estas personas delincuentes, se apoderen de grandes extensiones del territorio nacional, para imponer sus normas no formales ni establecidas por procesos legislativos, sino por su “soberana voluntad”, a partir de las cuales cobran impuestos (derechos de piso y cuotas de extorción), imponen sanciones por su incumplimiento, a través de masacres, lesiones, incendios y destrucción de propiedad, establecen cuotas de producción en exportaciones de manufacturas o de productos agrícolas y hasta solicitan “derechos de pernada”, violando a mujeres de forma impune.

Es decir, la tan llevada y traída “soberanía nacional”, es violada constantemente por el propio presidente de la República, sin que haya una autoridad superior que le exija responsabilidad.

Nuestra soberanía nacional está siendo vulnerada desde el interior, no por extraños enemigos que “osan profanar con sus plantas nuestro suelo”, sino por mexicanos que han arrebatado al Estado la soberanía nacional, ante el llamado presidencial de hacer que caigan los brazos de “cumplir y hacer cumplir la ley”. Lo peor de todo es que los mexicanos no le demandamos enérgicamente su cumplimiento.

Este pasado domingo, la Iglesia Católica, nos ha dado el ejemplo a los mexicanos, con sus homilías, de demandar el cumplimiento de la Constitución al Ejecutivo federal. Debemos hacer eco a ese llamado saliendo a las calles para exigirle al presidente la recuperación de nuestra soberanía, y hacerle un exhorto al Ejército Mexicano a que tome en sus manos su recuperación, porque este problema ha pasado de ser de índole de seguridad pública a un asunto de la más importante relevancia, que se ha tornado en un caso de Seguridad Nacional.