NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El compromiso del Gobierno de la CDMX de transparentar la investigación de la Línea 12 del Metro con un auditor internacional independiente no se ha cumplido y está lejos de ello. Por el contrario, la responsabilidad de la tragedia se oscurece en la tenebra de su decisión de no publicar el reporte completo de la consultora noruega DNV y la acusación de manipulación política de su peritaje. La obligación contraída no ha pasado la prueba del ácido cuando el informe parece apuntar fallas en la administración capitalina y ya no sólo de la de Ebrard o Mancera.
La opacidad se impone como manto de impunidad de una tragedia de la que nadie es responsable y en la que las víctimas desaparecen. El fracaso de la promesa de justicia para ellas en la disputa política de una sucesión presidencial adelantada, de la que nada ni nadie puede sustraerse en el vértigo de descarrilar como el Metro y perder la candidatura. Aunque de por medio haya 26 muertos y más de un centenar de afectados que, a un año de la tragedia, tendrán que conformarse con una reparación económica.
La decisión de Claudia Sheinbaum de romper la relación y desacreditar el informe de DNV es un asunto muy delicado, que hunde la investigación en las tinieblas de la suspicacia. Toma esta determinación desde un sitio incómodo como juez de una investigación de la que su propio gobierno forma parte y cuyo resultado puede afectar sus aspiraciones presidenciales. El presidente López Obrador puso en sus manos el esclarecimiento del caso como muestra de confianza y apoyo, incluso a riesgo de cargar los dados de la sucesión a su favor sobre las aspiraciones de Marcelo Ebrard, que también penden del peritaje.
Ahora, además, se asume como juez del trabajo del auditor cuando, al parecer, no favorece a su gestión y amenaza con demandar por “incumplimientos técnicos” y motivos políticos o “conflicto de interés”. Califica su informe final de “falso y tendencioso” porque, de acuerdo con sus señalamientos, ve la mano de opositores políticos del Presidente en su confección, y también de su candidatura. En su denuncia vapulea el informe cuando antes presentara a DNV como líder mundial y especialista en análisis e investigación de fallas, certificación y gestión de riesgos con operación en 100 países.
Por supuesto ninguna credencial inmuniza de un trabajo mal ejecutado, pero el problema no es ése. Lo grave de la decisión es cerrar el acceso a esa información pública como podría hacer un particular con un asunto privado y, además, discrecional, porque antes divulgó dos reportes cuando alejaban la responsabilidad de su gobierno. La opacidad llama la suspicacia si ahora su contenido apunta a la falta de mantenimiento de su gobierno entre las causas de la tragedia, además de los vicios de origen en su construcción a cargo del gobierno de Ebrard en la ciudad.
La falta de transparencia vampirizó desde un principio la obra de la línea 12 en reuniones secretas y acuerdos privados con la constructora de Slim de apoyos millonarios para reparar el daño a las víctimas y la reconstrucción del Metro. Y sobre todo salir de la conmoción de la tragedia con rapidez. Pero ahora guardar el informe en un cajón en espera de abrir un proceso penal es un abuso, aunque se quiera presentar como un acto de responsabilidad por la contaminación de intereses de opositores, como Mexicanos contra la Corrupción, en el peritaje.
DNV ha negado que existan deficiencias técnicas y el conflicto de interés que le reclama Sheinbaum, mayor razón para presentar su trabajo como prueba de sus dichos. Respecto a la acusación política es más difícil de acreditar, porque se basa en presunciones sobre la supuesta intervención en el peritaje de un abogado que habría litigado alguna causa que afectó a López Obrador hace años y estaría ligado a una estrategia de opositores para colgarle la responsabilidad de la tragedia. Este último episodio confirma que la promesa de la transparencia en la investigación ha sido, sobre todo, la tentativa por evitar que el proceso ensucie la imagen de la jefa de Gobierno como puntera de la sucesión, algo que cada vez se ve más difícil de lograr tras el fracaso del peritaje y el mar de dudas que persiste en la tragedia que hace un año conmocionó al país.