Por Adriana Noriega R.
“Como una vergüenza nacional e internacional” calificó el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, que las instituciones mexicanas, y en especial, la Procuraduría General de la República, hayan quedado exhibidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Dijo que la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa fue un engaño. “Lo que está ocurriendo es gravísimo. Significa que el país está al revés, porque en vez de que la autoridad correspondiente procure justicia, lo que señala la investigación independiente, es que la PGR distorsionó los hechos, destruyó pruebas y, sobre todo, que es científicamente imposible sostener que los estudiantes hayan sido calcinados en el basurero de Cocula, como afirmó Jesús Murillo Karam en enero de este año, cuando todavía estaba al frente de la institución”.
Para el coordinador de los diputados del PRD “que el gobierno salga a decir que va a ordenar un nuevo peritaje, aunque resulta indispensable es insuficiente, porque lo que está en la discusión nacional es que, simple y llanamente, se le mintió a los familiares de las víctimas y a la sociedad, porque los hechos no ocurrieron como lo afirmaron las autoridades”.
Por todas esas razones y porque de ninguna manera se puede tolerar una conducta contraria a la justicia, el coordinador del PRD adelantó que su fracción parlamentaria presentará demanda de juicio político contra el ex Procurador Murillo Karam, con fundamento en los artículos 108 y 110 constitucionales, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal, ya que es notorio que su actuación “fue contraria a la administración de la justicia, así como a los derechos y las garantías a que estaba obligado, por lo cual es indispensable que se inicie el procedimiento en la Cámara de Diputados para que sea sancionado”.
De acuerdo con el artículo nueve de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los funcionarios gozan de un año de gracia en el que se les extiende el fuero, por lo cual es necesario iniciar el procedimiento de desafuero, antes de que puedan iniciarse denuncias administrativas o penales.
Finalmente, el Coordinador del PRD señaló que esta “barbaridad del gobierno federal” confirma que la sociedad vive en la inseguridad, que las instituciones no son sólidas y que el Estado de Derecho está siendo minado.
Por eso, Martínez Neri insistió en que es urgente que el gobierno federal haga su trabajo “en serio y no sólo con declaraciones”. Si no se recuperan la legalidad y la credibilidad internacional, el daño será para la sociedad y el conjunto del país.